Según los datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, en inglés) de la Universidad de Syracuse, las Cortes ya han ordenado la deportación de 32 mil 385 guatemaltecos.

La espera de cada procedimiento es de entre  500 y 650 días, ya que las Cortes tienen pendiente el procesamiento de 610 mil 524 casos de personas de todo el mundo.

Tener un proceso en esos órganos permite a la mayoría de personas trabajar mientras se resuelve su situación legal; sin embargo, un gran porcentaje es de menores no acompañados que llegaron en busca de refugio y reunificación familiar.

Guatemala es el tercer país con más personas citadas en la entidad judicial. México es el primero, con 133 mil 515 personas, y El Salvador, con 133 mil 88.

Más trabajo

Los órganos legales de los estados de California, Florida, Texas, Nueva York, Tennessee y Georgia tienen la mayoría de los expedientes de  connacionales, ya que coinciden con las áreas donde más guatemaltecos residen.

El crecimiento de las acciones legales en cortes se ha dado desde 1998, cuando hubo ocho mil 842 procesos. En el 2005 subió a 10 mil y para 2010 había 18 mil.

En  el 2015, las Cortes tenían 58 mil 318 casos de guatemaltecos, y el siguiente período subió a 76 mil 891 expedientes.
Wálter Batres, coordinador de la Red Migrante en EE. UU., explicó que  tener un caso en una corte no garantiza la estadía.

Las personas obtienen un código que identifica el trámite y les permite utilizarlo si son detenidas en una redada o registro rutinario.

“Abrir un proceso no les garantiza nada, siguen irregulares hasta que son admitidos o expulsados”, manifestó.
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, dijo que es posible que existan 101 mil casos acumulados en las Cortes y que eso significa que los guatemaltecos están peleando su estadía en ese país.

Morales explicó que hasta el 2014 había un promedio de 50 mil deportados desde EE. UU., cifra que ha disminuido a partir del 2015 hasta los 30 mil anuales.

“El Ministerio ha instruido a los cónsules para que no se permita la deportación de un solo guatemalteco que no tenga orden de deportación final emitida por un juez”, remarcó Morales.

Sin defensa

Julia González, coordinadora ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones, opina que la dificultad para tener una respuesta positiva es que deben contar con un abogado. En el caso de los menores hay organizaciones que dan apoyo; sin embargo, son tantos que no es posible cubrir a todos.

“Sin ayuda no tienen casi ninguna probabilidad de beneficiarse en cortes. Además, con el endurecimiento de las acciones migratorias de Donald Trump es más complicado”, manifestó.

“La Cancillería ha dotado de abogados a cada uno de los 19 consulados en EE. UU. con el propósito de orientar legalmente a los guatemaltecos. Este es apenas un pequeño esfuerzo, pero que ha sido de mucha ayuda para algunas personas”, refirió Morales.

Además mencionó que solicitaron al Ministerio de Finanzas incluir en el presupuesto del 2018 “los recursos suficientes” para contratar más abogados que defiendan a los migrantes, aunque esto dependerá del Congreso.

Migración acumulada

Estudios del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (Ingep), de la Universidad Rafael Landívar, revelan que en el occidente del país la migración tuvo un auge en los años 90, y han usado las cortes de inmigración para quedarse en EE. UU.

Úrsula Roldán, coordinadora del área de migraciones del Ingep, explicó que el problema con los procesos legales es que las cortes están saturadas y eso genera tardanza. Además de las disposiciones ejecutivas de  Trump que buscan el retorno inmediato de las personas. “Lo que requieren los inmigrantes es una asesoría ágil y que no les boten los casos por problemas de documentación”, refirió la investigadora.

El canciller reconoce que el pasaporte es fundamental para identificarse ante la corte y están conscientes del daño que el Estado de Guatemala causa por la “ineficiencia” de la Dirección General de Migración.

“Migración no tiene conciencia de lo que sufre el migrante. La cancillería busca que los pasaportes sean emitidos en cada sede consular, de tal manera que la espera sea de 20 minutos y no de hasta seis meses como hay casos”, añadió Morales.

Roldán afirmó que antes era una “ganancia” la espera de una resolución de las cortes, porque podían trabajar y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos. Sin embargo, ahora las acciones del Gobierno criminalizan a las personas y los casos son un proceso político, a criterio de la experta. “La gente se está yendo porque tienen experiencia migratoria, hay casos de quienes van y regresan a invertir, pero el negocio no fructifica y los ingresos en el país no son iguales a los que  tiene en EE. UU.  y regresan”, añadió.

Un caso

Batres contó que  apoya a dos niños guatemaltecos a los que les fue otorgado refugio.

“Las leyes familiares son más fuertes que las de migración. Son estrategias que los abogados emplean, pero requieren un guardia que responda por los menores”, relató.

Los niños  que ayuda fueron abandonados por el padre y la madre migró a EE. UU. para trabajar y enviarles dinero.

González señaló que los guatemaltecos también necesitan acompañamiento de los consulados, aunque considera que la ayuda ahora es poca. “La política de asistencia en el exterior necesita modificarse y considerar situaciones nuevas”.