El juez Erick Castillo, quien lleva el caso, consideró que los sindicados no justificaron el faltante.
Ambos fueron beneficiados con una medida sustitutiva de Q500 mil, la cual al hacerla efectiva permitiría que recuperaran su libertad, aunque quedan sujetos al proceso con la obligación de acudir dos veces por mes al Ministerio Público a firmar un libro de libertad condicional. A eso se suma la prohibición de salir del país.
Castillo fijó la audiencia intermedia para el 18 de mayo.
La Fiscalía contra la Corrupción informó que el supuesto delito se habría cometido durante la administración anterior, entre 2008 y 2012, según una auditoría efectuada en 2009, la que permitió descubrir el faltante.