Carlos Alvarado, rector de la Usac,  informó que para tratar de salir de la crisis trabajan en una normativa que será presentada en julio de este año.

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“Los problemas de agua son graves y por tal razón esta universidad apoyó activamente la realización de los diálogos por el agua a nivel nacional y en su momento, la marcha por el agua en abril de 2016″, expuso Alvarado durante la presentación de la edición 19 de la Revista Análisis de la Realidad Nacional, una publicación del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

Alvarado añadió que “actualmente la Usac acompaña los esfuerzos por la elaboración de una ley de agua, técnica, social, económica, ambiental y culturalmente ajustadas a la realidad guatemalteca”.

Mario Godínez, decano de la facultad de agronomía de la Usac, quien coordina la comisión de ley de aguas del Consejo Superior Universitario, informó que para consensuar la propuesta realizaron 24 diálogos por el agua en todos los departamentos del país, e involucró a unas dos mil personas representantes de 17 sectores.

¿Por qué es viable?

El rector de la Usac considero la propuesta de ley reunirá los requerimientos necesarios para normar el uso y el cuidado del líquido y es el resultado del diálogo con varias sectores de la sociedad, entre ellos representantes del sector cañero, palma africana, asociaciones indígenas, otras universidades, municipalidades, estudiantes,  grupos de mujeres e iglesia católica, entre otros, explicó.

Ante la pregunta si será una iniciativa con futuro, pues existen 17 engavetadas en Congreso, Alvarado respondió que confían en que los diputados hagan conciencia sobre la importancia de la misma y lo lleven al pleno para su análisis y aprobación.

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Godínez añadió que la iniciativa encierra puntos importantes para el cuidado del agua y prevé medidas drásticas para los responsables de la contaminación y el mal uso del vital líquido.

Agregó que con esta propuesta, las municipalidades no tendrán justificación para construir las plantas de tratamiento de aguas negras, pues desde el 2006 se fijó un plazo de 10 años para que de forma obligada todos los municipios deben contar el sistema de tratamiento en el 2015, pero al finalizar el plazo se solicitaron dos años más para el 2017, mismo que a finales del año pasado fue ampliado a mayo del 2019.

Godínez lamenta que Guatemala es el único país centroamericano que no tiene una ley de aguas, y señala intereses particulares para no aprobarse la normativa. Criticó que que durante el proceso del diálogo se dio el retiro del Ministerio de Ambiente.

De acuerdo al estudio técnico de la Usac, los problemas más comunes relacionados con el agua es la contaminación y degradación del vital líquido en las cuencas, seguido por el poco acceso del agua en las comunidades, la privatización del líquido y el mal uso de los afluentes.