Carlos Morales, dirigente de Uvoc, dijo que “el operativo genera temor e incertidumbre porque los policías se aproximan a la comunidad y se espera que se sumen elementos militares”.

Ante tal situación, solicitó al Gobierno detener el desalojo por temor a un enfrentamiento similar al que se produjo en Totonicapán, en donde fallecieron seis personas; así como retomar la negociación de la compra de una finca para el traslado de las 400 familias.

Elmer López, secretario de Asuntos Agrarios, explicó a Prensa Libre, que están negociando con los propietarios de la finca Secamquim, propiedad de Inter Forest, en donde están asentadas las familias; con el propósito de detener el desalojo ya que ésta acción judicial se ha detenido en cinco ocasiones.

También manifestó que desde septiembre pasado se encuentran negociando la compra de dos fincas a través del Fondo Nacional de Tierras (Fontierras), después que los ocupantes accedieron a ser trasladados a otra finca.

Además, afirmó que están negociando con los propietarios con la finalidad de evitar el desalojo, debido a que son los dueños de la finca los únicos que pueden detener la acción judicial. Cabe mencionar que el proceso de desalojo ya había iniciado, sin embargo, la intervención de Miguel Ángel Balcarcel y de funcionarios de la secretaría de Asuntos Agrarios.