Otro grupo beneficiado por los patriotistas fue la Unidad de Acción Sindical y Popular, que el 1 de septiembre pasado bloqueó el ingreso del Congreso para tratar de evitar que se conociera el antejuicio contra Pérez Molina.

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que la firma de los pactos colectivos ha significado compromisos y prebendas.

“Lo que hicieron las autoridades irresponsables fue firmar cualquier pacto con tal de tener a la gente tranquila o bien para tenerla a su favor”, expresó.

Quezada explicó que el pacto colectivo más oneroso es el del Congreso porque tiene un incremento anual del 10 por ciento, lo cual significa que un trabajador duplica su salario después de siete años de labores. Le siguen los pactos en Educación y Salud, por la cantidad de empleados.

“Si el Gobierno sigue pagando lo que hasta ahora ha erogado, quedará insolvente. Cuando los ministerios —Salud y Educación— empiezan a topar los números, comienzan a usar el dinero para inversión, por lo que ya no se adquiere medicina ni se invierte en educación. Va a llegar al punto, que no está lejano, en que ni eso será suficiente”, aseveró.

Indicó que todos los beneficios concedidos en un pacto son irreducibles.

“Los fondos adicionales no solo se necesitarán en el 2015, se seguirán necesitando en el resto de presupuestos anuales del Gobierno”, expuso.

Impacto

Los efectos que tiene la suscripción de los pactos repercuten en las finanzas del Estado. Quezada citó el caso del pacto del Ministerio de Educación, donde se decretó un aumento salarial progresivo a partir del 2013. Ese año fue del 8 por ciento, cuando la cartera tenía contratados 202 mil 507 trabajadores; para el 2014 se fijó en 10 por ciento, y para el 2015, en 12.

Para este año el Ejecutivo requiere de al menos Q700 millones para cumplir con el pacto. En los últimos tres años ha necesitado más de Q1 mil 621.14 millones para honrar los compromisos con el sindicato magisterial.

En el caso del pacto colectivo de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio debe erogar este año Q1 mil 832.6 millones, en medio de la mayor crisis financiera, que ha causado carencias en todos los hospitales y centros de Salud.

Según la Conic, el gobierno de Pérez Molina dejó un compromiso de Q15 millones anuales, a través del Ministerio de Agricultura. Adicional a ello se ha rebajado la deuda agraria a dos mil 616 familias de 32 comunidades rurales, cuyo monto supera los Q92 millones y que significan en promedio el 84 por ciento de la deuda que tenían los indígenas con el Estado.

Para estos tres compromisos el Estado debe erogar Q3 mil 560.74 millones al año, lo cual constituye una amenaza para las finanzas públicas.

Apoyo incondicional

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, advirtió de que si bien los pactos colectivos suplen la actualización de salarios en la administración pública, que son bajos, persisten las disparidades salariales.

Aseguró que las negociaciones son viciadas porque hay un juego de concesiones: “Si tú me das, yo te doy; son favores que se pagan con apoyo político”.

“Los sindicatos pierden independencia ante las autoridades porque hay un intercambio de favores económicos a costa del Estado, como absorber los costos de la negociación. Eso lleva a un condicionamiento político porque los sindicatos son manejados por el Estado o son cómplices de los funcionarios”, expuso Linares.

“Se conceden privilegios a los dirigentes sindicales; por ejemplo, en Salud se calcula que unos mil 200 empleados tienen permisos y licencia sindical, además de dar beneficios a los funcionarios que suscriben el pacto. En este caso los viáticos para el ministro de Salud subieron de US$400 a US$600”, indicó.

Linares manifestó que hay una serie de irregularidades y abusos que cometen los sindicatos y los funcionarios que firman los pactos.

Sin respaldo

Según Javier Santizo, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo: “Toda erogación que hace el Estado debe tener fuente de financiamiento”.

En el caso de los pactos es complicado porque son mejoras de los trabajadores públicos que van adquiriendo hasta llegar a un punto en que las entidades se vuelven inoperantes, e insisto en que no hay una fuente financiera que asegure la sostenibilidad de los incrementos”.

Indicó que cuando un juez hace el análisis de un pacto colectivo para el sector privado ve la capacidad financiera que tiene el patrono para brindar los beneficios a los trabajadores.

“En el ámbito público es distinto porque los empleados obtienen beneficios anuales y en muchos casos son exorbitantes. Lo que sucederá es que el Estado va a quebrar o las entidades se van a dedicar a pagar salarios y no podrán invertir, menos operar”, afirmó Santizo.