Según la Procuraduría General de la Nación (PGN), la escritura pública que avalaba al usufructo no tiene vigencia, pues no se publicó el acuerdo gubernativo, como lo establece la ley.
Hugo Marroquín, abogado del Hogar, informó que lo profundo del caso es que se violan los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes, ya que al entregar el inmueble no hay a dónde llevarlos.
Añadió que en el recinto hay 400 menores que reciben atención, de ellos unos 80 son con capacidades diferentes.
Señala arbitrariedad
Marroquín añadió que a petición de la PGN, la Contraloría General de Cuentas envió auditores a verificar el manejo de fondos, “pero el Estado no ayuda en lo mínimo al Hogar”, afirmó. Según Marroquín, la procuradora general, Anabella Morfín, ha actuado con arbitrariedad.
Explicó que no puede haber desalojo, porque no hay debido proceso, ya que del caso no hay nada en los juzgados del ramo civil.
Añadió que esperan el resultado del amparo, el cual podría estar entre lunes y martes.
La Unidad de Comunicación Social de la PGN informó que no han recibido notificación del amparo interpuesto por el Hogar,
