Comunitario

Denuncian a entidad sindical por ilegalidades

Una denuncia en contra del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) fue planteada ayer en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por sindicalistas de la Contraloría General de Cuentas (CGC), quienes señalan a esa agrupación de haberse apropiado en forma indebida del liderazgo del sindicato y estafado a otros grupos de trabajadores en diferentes instituciones.

Por Andrea Orozco

La denuncia de los sindicalistas de la Contraloría Óscar Monzón y Víctor Sajquim se suma a una que presentó la exdirigente del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (Sitrapdh) Silvia Shaw y a un proceso que involucró el embargo de cuentas y bienes a dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Stigss).

Quienes participaron en esas agrupaciones dijeron que la presencia del MSICG en su grupo terminó con la “desestabilización” de las organizaciones y coincidieron en que los dirigentes Lesbia Amézquita y Efrén Sandoval tienen alguna relación con el expresidente del Seguro Social Juan de Dios Rodríguez y con el Partido Patriota.

Además, los señalan de atacar a la PDH utilizando la negociación del Pacto Colectivo, desde que esta empezó las investigaciones sobre el contrato entre el IGSS y la Droguería Pisa para atender a pacientes renales.

No es sindicato

  • Al ser consultado sobre el trabajo del MSICG, Bernardo Caal, dirigente de la Coordinadora del Magisterio en Resistencia, dijo que este no es reconocido como un sindicato y que su labor es asesorar a grupos que se quieren constituir en uno, quienes después se inscriben como miembros de ese movimiento.
  • Caal aseguró que su organización nunca ha trabajado con ellos, por lo que no puede dar otras referencias.

Sin registro

En el oficio 279-2014, extendido el 19 de agosto del 2014 por el Ministerio de Trabajo, consta que el MSICG no está inscrito en el Registro Público de Sindicatos, por lo que Monzón, Sajquim y Shaw afirman que se quisieron desligar de la agrupación por ser ilegal, y por ello fueron expulsados de sus respectivas dirigencias.

Otro sindicato dio versiones distintas sobre la labor del MSICG. Byron Valencia, dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Educación, considera que esa organización les ayuda en la actualidad con el Pacto Colectivo y que solo faltan tres artículos por concretar, por lo que, aseguró, confía plenamente en ella.

Las quejas

Según Monzón, a las asambleas ilegales se agrega que el MSICG presentó una querella en contra del Sindicato de Profesionales de la Contraloría, quienes interpusieron una acción de inconstitucionalidad para evitar que la entonces contralora, Nora Segura, utilizara vehículos de la entidad cuando abandonara el cargo.

“Esta organización —el MSICG— ha actuado impunemente en nuestro país, destruyendo a las organizaciones pequeñas”, aseguró el afectado.

Shaw, por su parte, afirmó que la negociación del Pacto Colectivo con las autoridades de la PDH había sido cordial hasta que Amézquita quiso incluir 13 artículos sobre aspectos económicos que no eran “lógicos”, pues implicaba una erogación de Q8 millones de la institución.

“Ya nos habían dado una nivelación salarial y casi el 80 por ciento de trabajadores se benefició con el traslado de personal por contrato a permanente. Era ilógico pretender otro incremento salarial”, comentó Shaw.

Según la exdirigente sindical, los líderes del MSICG se aprovecharon de la confianza obtenida durante dos años de trabajo para traicionarla y provocar que miembros del sindicato la expulsaran por medio de asambleas ilegales.

El MSICG ha promovido durante las últimas semanas una huelga de trabajadores en la PDH, la cual se encuentra en proceso de conteo para establecer si estos la apoyarán. Shaw asegura que “va ganando el no”.

Demanda millonaria

El 10 de febrero del 2014, Amézquita presentó un memorial al Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social, en el cual solicitaba el pago de honorarios por la asesoría legal que prestó al Stigss. En el documento indicaba que había negociado cinco artículos sobre el tema económico y que su pago equivalía al 10 por ciento de lo que recibirían los trabajadores. En total, la abogada solicitó Q29 millones 74 mil 878.18

Para obtener el pago, la profesional del Derecho pidió el embargo de las cuentas y bienes del Stigss y de los miembros del Comité Ejecutivo. José Erazo, exdirectivo de esa agrupación sindical, fue uno de los denunciados, pero dijo que antes de que se iniciara el proceso en el Juzgado él fue expulsado de la dirigencia sindical, durante una asamblea ilegal, por lo que ya no siguió el proceso.

Erazo narró que cuando se dio su salida del sindicato el puesto fue ocupado por María Teresa de Chiroy, allegada al expresidente del IGSS, y fue cuando dejó de recibir el respaldo legal del MSICG.

Es un ataque





Sandoval, dirigente del MSICG, aseguró que estas denuncias son ataques en su contra, por las acciones promovidas contra el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León. Añadió que las salidas de los dirigentes sindicales se dieron porque incumplieron con sus estatutos y que no están inscritos en el Ministerio de Trabajo porque este se niega a hacerlo, pero que la Organización Internacional del Trabajo los reconoce como sindicato y en tres ocasiones les ha dado el respaldo.

Sobre la denuncia al Stigss, Sandoval explicó que se presentó porque sabían que la dirigencia había cobrado a sus afiliados para pagar la asesoría, pero el dinero nunca fue entregado, por lo que su acción era una medida para recuperarlo.

El dirigente sindical indicó que su trabajo no se centra en lo económico, y más bien se interesan por promover la estabilidad laboral en las instituciones. “Nuestra organización es incómoda para cualquier gobierno”, enfatizó.