Jair Samayoa, interventor de la DGAC, negó las acusaciones y justificó la adjudicación de equipo de cómputo.

Acusaciones

René Solórzano, secretario de Conflictos de Ostac, indicó que la DGAC “firmó un contrato de más de Q6 millones para el arrendamiento, a dos años, de 340 computadoras”. El sindicalista también aseguró que bajaron una cotización del portal Guatecompras.gt que indica que las máquinas pudieron haberse comprado por alrededor de Q1.8 millones.

En relación con las plazas fantasmas, Solórzano mostró una factura de Adilia Griceida López, quien facturó Q10 mil por servicios técnicos prestados a la DGAC en abril de 2015, según el contrato 881-2015 y el acuerdo administrativo AC-697-2014-029.

“Esta es una plaza fantasma. Nosotros no sabemos quién es o dónde está. No existe dentro de Aeronáutica Civil”, aseveró el denunciante.

“Otra de las situaciones que llora sangre es que están obligando al personal que está entrando a trabajar a pagar una cuota mensual para el partido oficial en turno”, señaló Solórzano, quien mostró un recibo por mil quetzales, donde una persona pagaba la “cuota” de marzo y abril del 2012.

Aseguró que la Dirección contrata demasiado personal, 53 en total, que devenga sueldos de entre Q9 mil y Q29 mil.

El sindicalista pidió al Ministerio Público que investigue las irregularidades, y al Gobierno, que preste atención a la situación en esa entidad.

Descargo

Sobre la compra de las computadoras, Samayoa argumentó que cuando llegó a la DGAC el equipo estaba desactualizado y se tenía una demanda por usar software pirata.

Explicó que se optó por el contrato porque la empresa proporciona todas las licencias del software, lo que acabó con la demanda, y existe opción de renovar las máquinas al final del contrato, aparte de que no se podía comprar todo lo necesario, por las limitaciones económicas.

Respecto de las plazas fantasmas, aseguró que entre el año pasado y en lo que va del 2015 se han efectuado ocho auditorías internas y externas.

“En ninguna se evidenció que existan plazas fantasmas”, afirmó Samayoa.

Sobre la factura que presentaron los sindicalistas, señaló que lo que pudo haber pasado es que hay mucha variación en el reglón 029. “Los turnos son muy pesados y hay algunas personas que solo están un mes”, justificó.

El interventor reconoció que una persona pidió dinero a otras en Cobán, y explicó que se presentó la denuncia en la Fiscalía y que la anomalía se cometió en el 2012.