Además de la nacionalización de energía eléctrica, que fue general en todas las protestas, en otras se hicieron denuncias sobre alza a los productos de la canasta básica, a las medicinas, el cese de la criminalización de las luchas sociales, la explotación minera, el alto costo de la electricidad, entre otras demandas.

En Huehuetenango, cerca de 500 pobladores de varios municipios participaron de una caminata que concluyó frente a la sede de la Gobernación Departamental, donde exigieron el cese de la criminalización de las luchas sociales y la renuncia del gobernador Antonio López, por no facilitar la solución de la conflictividad social en ese departamento.

Campesinos de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, marcharon desde el kilómetro 137 hasta la cabecera, donde lanzaron consignas sobre el cese de la explotación minera y el rechazo del decreto 12-2014 de la Ley de Control de Telecomunicaciones.

En Retalhuleu, unas mil 500 personas manifestaron en la cabecera, donde denunciaron los constantes cortes de energía eléctrica que ocurren en comunidades del área rural, lo que deja pérdidas económicas.

Centenares de manifestantes se desplazaron por calles de Mazatenango, Suchitepéquez, para demandar, además, la entrega de abono y rechazo a la persecución de líderes sindicales.

En Jalapa, campesinos que participaron en la marcha por calles de la cabecera llegaron a la sede de la empresa Energuate, en donde lanzaron consignas en su contra.

En Cobán, Alta Verapaz, pobladores aseguraron que si no se toman en cuenta sus peticiones, la próxima vez tomarán las instalaciones de la hidroeléctrica Chixoy ubicadas en San Cristóbal Verapaz.

Las marchas ocasionaron atascos durante el recorrido en las distintas carreteras y ciudades donde se llevaron a cabo.

Los inconformes entregaron memoriales a las sedes de Gobernación Departamental y auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con las diferentes peticiones.

Cortina de humo

Consultado sobre los señalamientos contra Energuate, Mynor Amézquita, vocero de esa compañía, señaló que las marchas son una cortina de humo para ocultar el verdadero problema que se centra en el robo de energía eléctrica.

Comentó que esa empresa está abierta al diálogo, para buscar soluciones a los problemas que afectan tanto a usuarios como a esa compañía.

Amézquita refirió que los planteamientos que hacen los líderes de las marchas son una tergiversación de la lucha social, en beneficio de unos cuantos y en detrimento de la mayoría.

Conflictividad

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carmen Urízar, dijo ayer, durante una citación en el Congreso de la República,   que las acciones lideradas por Codeca son negativas para el país, e insistió  en que el grupo participa en el robo de energía para venderla de manera ilegal, lo que eleva la conflictividad en la provincia.

11 marchas se llevaron a cabo en igual número de departamentos.