Se espera que la futura ley pueda pasar a trámite parlamentario en abril del año próximo.

De Maiziere y Maas explicaron que habían roto la costumbre de presentar sólo ante la prensa proyectos ya aprobados por el Consejo de Ministros porque querían impulsar la discusión pública sobre la ley antidopaje en la que deberán participar los grupos parlamentarios y las asociaciones deportivas.

El plan contempla penalizar no sólo el dopaje propiamente dicho sino también la posesión de sustancias dopantes.

Los médicos responsables de prácticas de dopaje recibirán, según los planes del gobierno, penas más duras que los atletas puesto que podrían ser condenados hasta a diez años de cárcel por “poner en peligro la salud de un alto número de personas”.

En el que caso de que los atletas que se dopen sean menores de edad agravaría las penas para los médicos y los otros responsables del dopaje.

La persecución penal del dopaje no afecta a la jurisdicción deportiva que, al margen de sanciones penales, puede seguir decretando suspensiones con procedimientos probatorios más cortos que los de la justicia ordinaria.

El mantenimiento de la jurisdicción deportiva ha sido una preocupación de muchos funcionarios que temen que ésta pueda verse debilitada por una ley antidopaje.

El camino del derecho penal para sancionar a un deportista dopado es más largo y más difícil que el de la suspensión por parte de las organizaciones deportivas.

“La fiscalía tendrá que probar que el deportista que se ha dopado conscientemente”, explicó Maas.

Por parte de algunos funcionarios existe la preocupación de que un deportista sancionado por un positivo pero absuelto por falta de pruebas en un proceso penal pueda demandar por daños y perjuicios a la federación respectiva.

La ley sólo se aplicaría a los deportistas de alto rendimiento, es decir a aquellos que estén registrados como tales ante una agencia nacional antidopaje o que logren grandes beneficios económicos con el deporte.

En principio, las penas podrían aplicarse también a deportistas extranjeros que incurran en dopaje en Alemania o a deportistas alemanes que se dopen en competiciones en el extranjero.

No obstante, Maas aceptó que en la práctica esto último reviste ciertas dificultades puesto que se requeriría la colaboración de las autoridades extranjeras.