Sergio de la Torre, ministro de Economía, explicó que uno de los cambios será un mecanismo adicional informático que se les requerirá por obligación a los usuarios y consiste en que las empresas y la SAT estarán conectados e informarán sobre sus controles de importación, exportación y ventas locales.

Dorval Carías, ministro de Finanzas, expuso que la propuesta surgió de la SAT y la herramienta constituye una cuenta corriente —balance de operaciones reales que sean auditadas— de los beneficiarios, que contabilizará las transacciones.

“La idea es que la SAT tenga control desde el programa informático”, resaltó.

Además se plantearon los mecanismos legales para suspender los beneficios a las empresas que incumplan o que fueran utilizadas en forma incorrecta.

Carías añadió que con en el resto de controles se dio una coincidencia con las 30 enmiendas hechas a la iniciativa de ley.

“Las tres instituciones coinciden, por lo que las sugerencias están cerradas y se informará al presidente, para que proceda lo conveniente”, afirmó.

La vicepresidenta Roxana Baldetti, quien presidió ayer la reunión del Gabinete Económico, indicó que se aclararán las dudas que tienen las cámaras empresariales.

“Esperamos que con estos cambios pueda continuar su camino en la aprobación de la iniciativa en el Congreso”, expresó Baldetti.

Antonio Ralda, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, informó que esperan un pronunciamiento técnico de la SAT, Finanzas y Economía para conocer si las enmiendas planteadas son satisfactorias, y así se eviten especulaciones.

Según Ralda, de acuerdo con el programa, el proyecto de ley se tratará en la reunión de jefes de bloques para que se conozca en las primeras sesiones ordinarias en agosto.

“Creemos que puede ser aprobada de urgencia nacional o pasaría con las tres lecturas”, añadió.

En tanto, la aprobación de la ley tiene un panorama cuesta arriba en el ámbito político, ya que las bancadas Libertad Democrática Renovada (Líder), Winaq y Encuentro por Guatemala enumeraron el lunes último efectos contraproducentes por las exoneraciones de impuestos y el impacto en la recaudación.

La semana pasada, el sector empresarial se pronunció a favor de la iniciativa, mientras que la Cámara de Comercio de Guatemala la rechazó. Otros sectores que se han pronunciado en contra son los sindicatos y centros de investigación económica, que demandan más tiempo de discusión.

Va y viene

La iniciativa de inversión y empleo ha tenido tropiezos en el camino a su aprobación.

El 20 de marzo, el Directorio de la SAT se pronunció en contra de la iniciativa por el impacto al fisco.

Sectores empresariales y sociales mantienen diferencias por la iniciativa de ley.

Se diseñan 30 enmiendas en las cuales se ejercerá más control de la SAT a los usuarios.

El Ejecutivo espera la legalización de la ley como compromiso ante la Organización Mundial de Comercio.