El funcionario señaló que esa “medida suspensiva” es “esencial” para que Argentina pueda seguir pagando “normalmente” a los bonistas que en canjes del 2005 y el 2010 aceptaron títulos menores que los declarados en el cese de pagos en el 2001, cuando colapsó la economía del país sudamericano.
Kicillof sostuvo que el diálogo que el Gobierno pretende abrir con Griesa debe ser “en condiciones equitativas para el cien por cien de los acreedores y, sobre todo, a los que hemos reestructurado, a los que necesitamos pagar en el próximo vencimiento” del 30 de junio.
El abogado Carmine D. Boccuzzi Jr. presentó ante Griesa un escrito en nombre de Argentina pidiendo “respetuosamente” la medida suspensiva “que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones”.
El escrito agregó que “Argentina se encuentra comprometida a entablar un diálogo con los demandantes que pueda llevar a la resolución de este litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones propicias para que la negociación contemple los intereses del cien por cien de los acreedores”.
Esa totalidad de acreedores incluye no solo a los litigantes a los que hay que pagar lo estipulado en el fallo de Griesa —representan un 1%—, sino a más de 92% de los bonistas que aceptaron los dos canjes de deuda y a un remanente que no litigó contra el país o que le inició juicio, pero no logró fallos definitivos a favor.
El 30 de junio próximo, Argentina debe abonar unos US$907 millones en cupones de deuda a los acreedores que ingresaron en los canjes, de los cuales 225 son pagaderos en Nueva York.
Pero el fallo de Griesa establece que el país también abone al mismo tiempo y en efectivo a los “fondos buitre”.
Esto gatillaría demandas de tenedores de deuda reestructurada y de otros bonistas para cobrar en los mismos términos que los inversores respaldados por la justicia estadounidense, lo que generaría una erogación de unos US$15 mil millones, más de la mitad de las reservas internacionales que son de cerca de US$29 mil millones.
Los llamados “fondos buitre” han señalado en varias ocasiones al juez que no aceptarán modificaciones en el fallo que los benefició.
Según el escrito, el país “no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros”.