Prensa Libre

AFP Bogotá

“La Corte, al trazar la delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar y que nos afectan negativamente (...) Todo esto son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar” , señaló el presidente Juan Manuel Santos en un discurso divulgado por su despacho.

Santos se congratuló por la ratificación de la soberanía colombiana sobre islas y cayos pero no explicó de qué modo se opondrá Colombia a la delimitación marítima incluida en el fallo de la CIJ, que se considera inapelable.

 “Ahora inicia un periodo de trabajo y concertación entre los poderes públicos para analizar los efectos del fallo --en particular frente a nuestra Constitución-- y obrar en consecuencia” , se limitó a señalar el mandatario.

La CIJ extendió este lunes la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, pero mantuvo parte del límite al oeste de la isla San Andrés como quería Colombia, país al que atribuyó todos los cayos en disputa de esa región rica en petróleo y otros recursos naturales.

Los dos países se habían comprometido de antemano a acatar el fallo de los 15 jueces de la corte, principal órgano judicial de la ONU con jurisdicción universal, al cabo de décadas de disputas.

La CIJ reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos en disputa, pero extendió la jurisdicción de Nicaragua al este del meridiano 82 hasta donde Bogotá la ejerce actualmente.

El diferendo había comenzado en 1928 cuando Managua cedió a Bogotá las islas San Andrés y Providencia con la firma del tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, que fue ratificado en 1933 cuando el país estaba intervenido por Estados Unidos.

En 1969 Colombia pretendió establecer su límite con Nicaragua en el meridiano 82, que Managua rechazó alegando que el tratado no fijó límites y que esa decisión cercenaba su plataforma continental en el Caribe. En 1980, Nicaragua declaró nulo el tratado.

En diciembre de 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago. Seis años más tarde, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas pero se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países y definir la soberanía de los cayos.

En 2007 la CIJ desestimó las objeciones de Colombia acerca de que no era competente para conocer del caso y determinó que no juzgaría sobre la posesión de las islas San Andrés, Santa Catalina y Providencia, confirmando la soberanía colombiana, pero sí sobre los límites marítimos.