Paredes refirió que esta no es la primera vez que detallan los problemas encontrados en los decretos 4-2012 (Ley Antievasión II) y 10-201 (Ley de Actualización Tributaria) al recordar que en febrero y agosto del 2012 circularon a las autoridades varias sugerencias.

Enfatizó que en esta ocasión “exigen” a las autoridades que ante posibles riesgos de desequilibrio presupuestario, debido a los problemas que enfrenta la reforma fiscal, control y austeridad del gasto, con el propósito de evitar un incremento del déficit o recurrir a más deuda.

El documento será entregado mañana al Congreso y refirió que también lo enviarán al Ejecutivo y a la mesa de diálogo que hay entre el Gobierno y los empresarios.

Solicitudes

Paredes indicó que piden aprobar al menos cinco proyectos de ley de transparencia que están pendientes en el Congreso como las modificaciones a la Ley de la Contraloría General, Ley de Compras, Ley de Probidad, Ley Orgánica del Presupuesto y los fideicomisos públicos.

Aparte solicitan que se promueva una ley específica para regular el leasing financiero y sus productos.

Respecto de los usuarios sugieren que se emitan las normas necesarias para proteger “las garantías y los derechos de los contribuyentes” para evitar que “se caiga en una persecución de acoso tributario discrecional” por parte de las autoridades. Esta normativa tendrá que ser operada por una unidad que se sugiere crear en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

La intención de que el Congreso corrija de urgencia las reformas para enmendar los errores y posibles inconstitucionalidades, es que ya no se continúen presentando más recursos ante la Corte de Constitucionalidad, y que esta no tenga necesidad de suspender parte de las leyes, además de que no afecte al contribuyente explicaron los profesionales que dirigen el Colegio.

En el caso de los trabajadores por dependencia o por servicios profesionales, refieren que no es adecuado establecer la frase que la SAT “presume de derecho” una renta presunta de Q30 mil mensuales para servidores profesionales, cuando estos no reporten ingresos, ya que esta frase no permitiría que el profesional entregue pruebas de sus ingresos.

El auditor Marco Livio Díaz explicó, por ejemplo, que el no permitir pagos directos de impuestos para el régimen de actividades lucrativas, sino que todo se haga por retención afectarían la recaudación. Dijo que hay unos 300 grandes contribuyentes y otros mil 700 medianos, que en conjunto significan el 70% de la recaudación, y que pagan en forma directa, pero que la nueva ley no lo permite, sino que el cliente o comprador tiene que retenerles, lo que hace más engorrosa la recaudación.