Expertos laborales opositores de la norma, que provocó cuatro multitudinarias marchas varias ciudades del país desde mediados de diciembre, sostuvieron que la ley favorecía a las grandes empresas y convertía en mano de obra barata el trabajo de más de dos millones de jóvenes.       

“Un puñado maneja la economía a su antojo y viven a costa de la precariedad del resto” , dijo el legislador opositor Manuel Dammert, quien votó a favor de derogar la norma.        La norma eliminaba el derecho a recibir una indemnización por tiempo de servicios, a obtener dos remuneraciones adicionales por año, y reducía de 30 a 15 días las vacaciones anuales que tienen los trabajadores formales del régimen general.       

El gobierno, que busca reactivar la economía afectada por la compra de menos minerales por parte de China, defendió la derogada norma y dijo que su ejecución iba a beneficiar a 850 mil jóvenes del segmento más pobre con un sueldo equivalente a US$258 mensuales y a invertir más de US$200 millones en capacitaciones.       

El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, afirmó que del total de jóvenes de entre 18 y 24 años, solo el 1.7% tiene todos los derechos que indica la ley. “Tenemos casi 70% en la informalidad y 11% en desempleo” , dijo Ghezzi al diario El Comercio.       

Ghezzi afirmó antes al diario económico Gestión que “todo el mundo se enfoca en la pequeñísima minoría que tiene un buen empleo de alta calidad, con empleo formal” , pero no en la mayoría que tienen empleos muy precarios e informales.       

Según cifras oficiales, la tasa de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años es cuatro veces mayor a la de las personas de entre 30 y 65 años, y el segmento de los que no tienen contrato gana en promedio 35% menos que quienes sí lo tienen.       

El presidente Ollanta Humala dijo a inicios de enero que el crecimiento económico de Perú en 2014 cayó a 2.6% en un contexto internacional de disminución de compras de materias primas por parte de China. Perú creció 5,2% en 2013.