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Actualizado a las 15:30 Economía

Construcción de 12 mil casas en El Salvador está en el congelador

Varios proyectos residenciales que sumarían hasta 12 mil viviendas están en el congelador del sector construcción, a la espera de que la economía salvadoreña se dinamice y ofrezca mejores condiciones en el mercado inmobiliario.

WWW.ELSALVADOR.COM El Salvador

Ismael Nolasco, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), aseguró que un estudio rápido, realizado en junio del año pasado entre sus socios, indicó que había intenciones de edificar 6 mil 861 viviendas, un número que "fácilmente podría llegar a las 12 mil" unidades y ser capaz de generar 20 mil fuentes de empleo.

Muchas de las ideas ya se encuentran en planos, pero la tramitología, la pobre colocación de viviendas y el lento crecimiento en el otorgamiento de préstamos hipotecarios desmotivan al sector a ejecutar los proyectos en los departamentos de La Libertad, San Salvador, San Miguel y La Unión, explicó el director ejecutivo de Casalco.

Solo en La Libertad, los constructores podrían levantar 2 mil 608 viviendas; otras 2 mil 18 en San Salvador; una cantidad similar en San Miguel, y alrededor de 170 en La Unión.

Nolasco comentó que hay intensiones de construcción en Santa Ana y Sonsonate, pero mientras las condiciones no me mejoren esos proyectos serán solo intenciones.

Urgen menos trabas

La aprobación de la Ley especial de agilización de trámites para el fomento de proyectos de construcción sería un incentivo para que los productores materialicen sus iniciativas habitacionales, afirmó el ejecutivo del gremio de la construcción.

Patricia de Parras, de Avance Ingenieros -la constructora que arrancó con el primer proyecto habitacional después de la crisis: Residencial Veranda, en Santa Tecla- aseguró que la empresa se sentiría estimulada para arrancar nuevos proyectos en el corto plazo si se aprobara la normativa.

"Debería haber un mayor interés por que se apruebe la ley. Ese sí podría ser un factor que metería dinamismo a la economía", subrayó de Parras, quien recalcó que desde la lógica de un constructor "donde le dan una respuesta más rápida, es donde tienen que invertir".

Avance Ingenieros también tiene inversiones en Honduras y, de acuerdo con la representante de Avance, la ventaja que le ofrece el país vecino es certidumbre respecto a los tiempos de respuesta.

El anuncio de reducir el tiempo en los trámites de la construcción lo hizo el secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, el año pasado; sin embargo, el documento aún no ha sido enviado a la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación.

Nolasco explicó que podría llegar a las manos de los legisladores esta semana.

La propuesta -que se convertiría en una versión moderna de la "Ventanilla Única" y que fue trabajado entre Casalco y la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP)- propone plazos máximos para que las instituciones resuelvan, y estipula que de no haber una respuesta el trámite será entendido como aprobado.

Algunos diputados, no obstante, se inclinan por excluir algunos trámites del silencio administrativo positivo, comentó Nolasco.

De ser aprobada tal y como ha sido consensuada la normativa, obtener los permisos de construcción tomarían hasta cinco meses y no más de dos años, como ocurre ahora.

Los efectos de la aprobación y entrada en vigencia de la ley especial en materia de empleo comenzarían a sentirse hasta el próximo año, comentó Nolasco, y el segundo Fomilenio, de resultar electos por la Corporación Reto del Milenio (MCC) para otra donación, sería el más beneficiado.

Para evitar la saturación de proyectos se ha acordado que, en una primera fase, se dé prioridad a los proyectos de los más de 70 municipios involucrados en el segundo Fomilenio, así como a iniciativas habitacionales. En otra etapa, otro tipo de proyectos, como edificios o centros comerciales, gozarán de los mismos tiempos de respuesta, afirmó el director ejecutivo de la Cámara.

Otros impedimentos

Al sector no solo le impide despegar la burocracia; también lo ha hecho el mal estado del mercado inmobiliario.

"Ni Fonavipo sigue haciendo los proyectos, porque la venta de casas en el país está lentísima", afirmó Nolasco.

En 2012, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) e instituciones privadas lograron vender 12 mil unidades habitacionales nuevas, según datos de Casalco, 8 mil casas menos que el promedio anual antes de la crisis económica de 2008, dijo el representante del grupo de empresarios.

Con menos proyectos en marcha, la generación de empleo en el sector también ha disminuido. Entre el último trimestre de 2012 y el primero de 2013 se han perdido 1,500 fuentes de trabajo. Después de haber mantenido un promedio de trabajos de 24 mil ahora el sector cayó a 22 mil 500.

La mala racha de la que no termina de salir esta industria también puede replicarse a otros sectores, explicó Nolasco, lo que ha provocado que el otorgamiento de créditos hipotecarios esté atado a restricciones.

"La gente construye poco, por eso ya no se ven los proyectos espectaculares, a diferencia de los de Salazar, que ya comenzaron; pero proyectos de más de 500 casas casi no se están haciendo", afirmó el representante de la gremial, quien añadió que tampoco se ven medidas agresivas para levantar la economía.

Faltan los asocios

La ley de asocios público privados también facilitaría el crecimiento del sector construcción, pues para este año, el Gobierno tiene en agenda la modernización del aeropuerto, la licitación de 350 megavatios de energía, la construcción del primer tramo del Sitramss, un posible Fomilenio 2 y el plan de desarrollo de la franja costero marina.

La ley, que ha sido ofrecida a los empresarios nacionales e internacionales como un estimulador de las inversiones, está siendo estudiada por la fracciones legislativas y su aprobación es un proceso liderado por el Consejo para el Crecimiento.

A pesar de que el Ejecutivo ha pedido celeridad en la aprobación de la normativa, el FMLN se ha mostrado reacio a dar su aval por su desacuerdo con concesiones en la rama de salud, educación y seguridad. Argumentan que la ley puede dar pauta a "privatizaciones disfrazadas".

La posibilidad de una privatización ha provocado críticas de los diputados de izquierda.

Durante el taller "Oportunidades y Desafíos de la ley de asocio público privado en El Salvador", el legislador de ARENA, Edwin Zamora, aseguró que estas figuras "no son transferencia de propiedad del Estado a los privados, es la concesión del servicio a los privados, la propiedad de los bienes siguen siendo del Estado" , y después de que termina el contrato esta le queda a él, explicó para desvanecer los temores históricos del partido farabundista.



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