Prensa Libre

POR LEONEL DíAZ ZECEñA Y ROSA MA. BOLAñOS

Wilson Romero, del Instituto de Investigaciones Económico Sociales, de la Universidad Rafael Landívar, considera que la privatización fue un mal negocio para el Estado.

“Se vendieron a precios bajos; fue casi una piñata lo que se hizo de los pocos bienes que el Estado tenía, y el dinero se gastó poco a poco y quedó sin nada; ni los activos, ni ingresos y no se hizo nada”, apuntó.

El destino inicial era “financiar inversiones sociales en los sectores de salud y educación”, indicó la Comisión Económica para América Latina en el informe Competencia y Regulación en las Telecomunicaciones: El caso de Guatemala (2007).

Los fondos por la venta de las empresas estatales de telefonía —Guatel, US$700 millones— y de electricidad —EEGSA, US$520 millones— se usaron para el pago de deuda, destinados a cancelar la desmovilización del Ejército y apoyo a un banco estatal —que después quebró—, entre otros fines.

Al 8 de julio último solo quedaban 13.6 millones —0.1 por ciento del total—, según cifras del Banco de Guatemala (Banguat).

Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, dijo que el resultado de la privatización fue positivo porque abrió los mercados de la telefonía, pero lamentó el uso que se les dio a los recursos.

“Que mal que ya no están los fondos; eran activos del pueblo de Guatemala que no fueron usados de la mejor manera”, añadió.

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, calificó de “frustrante” el que “recursos de los activos más importantes que llegó a tener el Estado prácticamente se esfumaron, en vez de invertir en infraestructura de educación o salud”.

El Estado recibió los fondos entre 1998 y 2001, y en los gobiernos de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo y Óscar Berger se gastó el 94.9 por ciento del dinero; el gobierno de Álvaro Colom gastó en dos semanas Q138.4 millones, principalmente para pago de deuda.

La mayor parte del dinero se destinó al pago de la deuda pública —unos Q4 mil 400 millones—, seguido de un traslado a lo que quedó de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones, por Q1 mil 463.5 millones, que fueron malversados, según datos publicados por este diario.