Prensa Libre

EFE Madrid, España

Este juicio fue aplazado el 4 de noviembre para facilitar la aplicación del acuerdo extrajudicial alcanzado el pasado verano entre Mas Tec y los empleados de Sintel.

Por ese pacto, Mas Tec se comprometía a compensar a los 1,828 trabajadores de Sintel con €35 millones en concepto de indemnización por su despido, pensiones y los daños y perjuicios causados por la quiebra, a cambio de que retiraran los cargos contra los directivos de la compañía.

Sin embargo, persisten discrepancias, en especial sobre la comisión que supervisa la liquidación de la compañía, que pide que una parte de esos 35 millones de euros se destine a los acreedores, lo que rechazan los abogados de los exempleados.

Así, ante la Audiencia Nacional comparecerán ocho directivos de la compañía que podrían afrontar penas de prisión de entre dos años y medio y cinco años y medio por los cargos de insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública, además de €300 millones de fianza para compensar a trabajadores y acreedores. 

Entre los acusados figuran cuatro españoles: Ricardo Campos, ex consejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la compañía; Alfredo Flórez, exconsejero y exapoderado de Sintel y Pedro José Novela, ex director financiero.

Además están acusados Joel Tomas, ex consejero de Sintel y de MasTec International; José Miguel Sariego, ex vicepresidente de MasTec Incorporated, y Jorge Mas Santos, que fue presidente de MasTec Incorporated y ex presidente de Sintel y su hermano Juan Carlos Mas Santos, ex consejero de MasTec International y de Dintel. Estos dos últimos son hijos del fallecido Jorge Mas Canosa.

El juicio se celebrará once años después de que la empresa fuera declarada en suspensión de pagos en 2001 con un déficit de €59.3 millones.

Telefónica, presidida entonces por el recientemente fallecido Cándido Velázquez-Gaztelu, vendió la empresa en abril en 1996 al grupo estadounidense MasTec Incorporated por 4,900 millones de pesetas  (algo menos de €30 millones).

En julio de 2001, la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos responsables de la quiebra de Sintel y en 2007 procesó a los ocho imputados.

Según los escritos de la acusación, desde el momento de la venta los entonces responsables de la compañía fueron “descapitalizando”  Sintel, que había sido fundada en 1975, a través de varias sociedades, algunas de las cuales podrían estar domiciliadas en paraísos fiscales.