Con estas resoluciones, que se aplicarán “paulatinamente”, las empresas podrán determinar en forma autónoma su “objeto social” —tipo de producción y su destino—, adicionando “nuevas actividades secundarias”, aunque deberán seguir cumpliendo sus contratos con el Estado, dijo el diario oficial Granma.

“Aparecen, además, otras tres resoluciones —aplicables a todas las empresas del país— de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Finanzas y Precios que establecen las regulaciones en cuanto a la vinculación del salario a los resultados”, agregó.

“Ahora entramos en una etapa que es la más compleja, son las transformaciones más profundas, las que llevan más detenimiento, las que llevan más análisis, las que hay que estar constantemente evaluando en materia de impacto, porque habrá también que corregir algunas de las decisiones que tomemos”, dijo el vicepresidente, Miguel Díaz-Canela a la Prensa.

Granma subrayó que se trata de “un proceso gradual de descentralización” económica que “aumenta la responsabilidad de los directivos” de las empresas, que ahora decidirán también los salarios de sus trabajadores, hasta ahora fijados por ministerios.

El salario promedio mensual en la actualidad es de US$19 y es reconocido como “insuficiente” por el propio gobierno.