En un discurso de más de media hora, el ministro argentino explicó en esos términos a los embajadores del G77 ante la ONU por qué su país pide la suspensión de una sentencia judicial que la pone al borde de un nuevo default.

La decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa que falló en favor de fondos especulativos que litigaban deuda argentina en mora, obliga a Buenos Aires a pagar en efectivo unos US$1 mil 330 millones en adeudos provenientes de la moratoria declarada en 2001.

Argentina busca negociar con estos fondos a los que llama “buitres”  porque compraron la deuda ya en default, para evitar que le embarguen el dinero destinado al pago a acreedores que aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010, a los que debe pagarles el 30 de junio unos US$900 millones.

Riesgo de crisis económica
“El gobierno al que pertenezco no adquirió la deuda, el gobierno al que pertenezco no fue al default, el gobierno al que pertenezco lo que hizo fue normalizar las relaciones financieras con mucho esfuerzo” , dijo el ministro al explicar los canjes de deuda con acreedores en 2005 y 2010.

Para el ministro argentino, el fallo de Griesa “empuja a la Argentina a un riesgo de crisis económica”  porque “imposibilita una reestructuración. Aquel que no acepta la reestructuración, va a tener un tribunal que le acepte el total de la deuda” .

Kiciloff insistió en que en Argentina “está dispuesta a negociar de buena fe” . “Pero qué situación tenemos? Si de aquí al 30 de junio el juez que ha marcado esta sentencia no pone un paraguas legal, una suspensión de la sentencia, la negociacion se daría en una condición muy compleja” , explicó.

El gobierno argentino, dijo, aún no ha recibido una respuesta al pedido de suspender la sentencia. Griesa sin embargo nombró un supervisor para las tratativas.

En la reunión, Kiciloff recibió el apoyo explícito de los embajadores de India, Brasil, Pakistán y Egipto, los primeros de una larga fila de oradores que se turnaron al micrófono. Poco antes de empezar su ponencia, la presidenta Cristina Kirchner destacó en su cuenta de Twitter la intervención de su ministro de Economía.

“Reiteramos la importancia de no permitir que fondos buitres paralicen actividades de reestructuración de la deuda de países en desarrollo ni priven a los Estados de su derecho a proteger a sus pueblos conforme al derecho internacional” , escribió la mandataria.