Prensa Libre

El anuncio representa un importante cambio de rumbo en la política griega, ya que los empleos del Gobierno habían estado hasta ahora protegidos durante la grave crisis financiera del país, que inició aproximadamente hace dos años.

El ministro de la Reforma del Sector Público, Dimitris Reppas, dijo que la reducción de puestos se llevaría a cabo bajo una nueva ley que autoriza tales despidos.

“Nos oponemos a los despidos indiscriminados”, indicó Reppas.

“La reducción de la fuerza laboral está estrictamente vinculada con la reestructuración de los servicios y la organización de cada ministerio”.

Sin embargo, Reppas no ofreció detalles sobre el nuevo plan ni indicó cuántos de los empleos serán eliminados de forma obligatoria.

Grecia ha prometido la eliminación de 150 mil puestos de su amplio sector público de 750 mil trabajadores para finales del 2015, pero hasta ahora ha insistido en que puede cumplir el objetivo a través de la deserción del personal.

Antes, la oficina del primer ministro de Grecia había informado que las cruciales negociaciones para alcanzar un acuerdo en un plan de austeridad, programadas para el lunes último por la noche, entre líderes de los partidos que apoyan la coalición del Gobierno griego fueron postergadas un día.

La postergación se hace pese a la fuerte presión que ejerce la Unión Europea por un acuerdo rápido que ayude a que el país evite un impago de su deuda.

Una vocera de la oficina del primer ministro informó que el retraso ayudaría a completar las negociaciones que sostienen el primer ministro Lucas Papademos y representantes de los acreedores sobre el plan de rescate financiero para Grecia.

El nuevo acuerdo de rescate financiero de US$171 mil millones —€130 mil millones— es vital para que Grecia evite la bancarrota el mes entrante, ya que no podría cubrir los US$19 mil cien millones —€14 mil 500 millones— para el pago de bonos con vencimiento el 20 de marzo.

Ligados al acuerdo hay planes de bancos y otros tenedores privados de bonos para condonar US$131 mil 600 millones —€100 mil millones de euros— en deuda y nuevos términos de pago más benévolos.