Santiago Molina, presidente de la Cámara del Agro, y una de las organizaciones empresariales que impugnó las reformas, afirmó que no es responsabilidad de ellos la baja recaudación y acusó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de no cumplir con su obligación de recaudar.

Molina rechazó, además, lo dicho por la ministra y afirmó que lo que se dieron fueron reuniones en las mesas técnicas, mas no se dio ningún acuerdo.

Según datos de la SAT, los ingresos a marzo estuvieron Q669.3 millones por debajo de la meta programada.

La recaudación tributaria de ese mes cayó 1.3% respecto del mismo mes del 2013 y quedó en Q4 mil 89.7 millones. El ISR reportó una baja de 6.5%.

Castro declaró que el Gobierno cumplió con enmendar las reformas y luego fueron aprobadas mediante el decreto 19-2013 en el Congreso a finales del año pasado; sin embargo, agregó que el sector privado incumplió con su parte.

Herman Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que las inconstitucionalidades presentadas contra algunas reformas están basadas en argumentos.

Opina, sin embargo, que es muy difícil atribuir la baja recaudación a una sola razón.

“Yo no creo que sea la culpa del sector privado, ya que existe una serie de elementos (…) Hay que poner mucha importancia a la recaudación del IVA, al empleo informal y el contrabando, porque son miles de millones de quetzales los que se dejan de recibir”, dijo Girón.

Impactos

La ministra dijo que las acciones de inconstitucionalidad impiden el fortalecimiento de la SAT y disminuyen la percepción de riesgo al contribuyente, lo cual incide en la recaudación.

Ejemplificó que se declaró inconstitucional la posibilidad de suspender el número de identificación tributaria cuando hay incumplimientos del contribuyente, además de la posibilidad de cierres preventivos en los negocios cuando no estén registrados, no emitan factura o incumplan sus obligaciones.

Según Castro, con las modificaciones contenidas en el decreto 19-2013, el Gobierno cumplió con su ofrecimiento al empresariado.

A finales del año pasado, la SAT estimó que con esas modificaciones el fisco dejaría de percibir Q375 millones en el 2014.

Con los cambios se redujo la fiscalización de los precios de transferencia para el 2014, algunos gastos deducibles que se pueden reportar al cien por cien y se modificó la forma de cobro del impuesto sobre inmuebles, según la solicitud.

Aduanas

“No cumplió metas”

La intervención en cinco aduanas  “no cumplió con las expectativas”, por lo cual no se ampliará esa medida, declaró ayer la ministra de Finanzas, María   Castro.

Explicó que  se esperaba no solo detener la caída en la recaudación, sino que se captaran  entre Q50 millones y Q75 millones mensuales adicionales,  pero eso  no se logró.

Ahora, dijo la funcionaria,  para  dotar al Estado de recursos y financiar el presupuesto exigirán a la SAT acciones en aduanas para lograr recaudar Q100 millones adicionales cada mes y fortalecer la fiscalización general.

Además, se mantendrá la contención del gasto mensual y  se pedirá al presidente que se evite aumentar gastos en planillas, pactos laborales y otros. Mientras que el bono por eficiencia, que se da a cuatro  mil trabajadores en la SAT, se revisará.

Respecto del  pago de deuda,  la ministra dijo que se negoció un préstamo de US$340 millones, aparte se negocia otro de  US$280 millones y otros  dos  por US$310 millones.

En cuanto al ISR, Castro  explicó que  analizaron que la meta  no se logró porque ahora se permite que las empresas puedan deducir el cien por cien  de sus gastos y  no solo el  97%.

“Ese cambio fue un costo que se tuvo que absorber, pero suponemos que es probable que algunas empresas pudieron haber abusado del uso de la deducción de los gastos y se fiscalizará”, expuso la ministra.