Interesante recordatorio de cómo el desarrollo no sucede de manera espontánea, sino que más bien debe apuntalarse de varios factores como una robusta recaudación tributaria, sólidas instituciones, transparencia y rendición de cuentas, participación y contrapesos en el sector público, por citar algunos cuantos ejemplos.
Dos elementos llaman poderosamente la atención de su análisis.
El primero tiene que ver con la necesidad de dar señales claras de mayor eficiencia y efectividad de parte del Gobierno, porque de otra manera (sic) “se corre el riesgo de trasladar el malestar de la población desde la falta de equidad en el acceso a servicios sociales de calidad, al funcionamiento deficiente de las instituciones públicas”. Así, la sociedad confunde dos problemas relacionados, pero diferentes.
Por un lado el exceso de desigualdad, que merma el sentido de pertenencia a un grupo social que resulta ajeno a mi identidad e intereses.
Tan simple como que el prójimo que pasa frente a mí es tan distinto a mí, que no me reconozco en él o ella y, por tanto, tampoco veo la ocasión o necesidad de cooperar para conseguir un objetivo común que nos beneficie a ambos.
Por el otro, el descrédito de las instituciones públicas ante su mal funcionamiento, con lo cual dinamitamos los únicos puentes posibles para conectar necesidades sociales con bienes y servicios públicos. Se explica entonces el surgimiento de propuestas voluntariosas, pero muchas veces poco edificantes para el largo plazo, como el desmantelamiento del aparato público en funciones elementales para dar ese sentido de cohesión que por definición está ausente en contextos de mucha desigualdad.
¡Pero aún hay más!
El segundo elemento que llamó mi atención del análisis que hace el economista chileno tiene que ver con que (sic) “(la) responsabilidad política del Estado respecto de la sociedad es directamente proporcional al tamaño de la recaudación, lo que se expresa en mayores expectativas ciudadanas en las instituciones públicas”.
Esa premisa sí que va directo a la vena, y amerita contar no hasta 10 ¡sino hasta 20 o 30!
Es decir, que no podemos tampoco pedir peras al olmo y demandar al Estado más responsabilidad que la que su dotación de recursos le permite.
Si queremos más de aquello que vemos funcionar en otras latitudes con cuatro estaciones al año —parques, plazas, seguridad, asfalto, agua, luz, salud y educación—, hay que pagar el precio asociado.
Poderosa aseveración que de inmediato me hizo pensar en Guatemala y sus ya descoloridas discusiones.
Que se repiten como disco rayado, una y otra vez, cuando hay que aprobar un nuevo préstamo, cuando hay un proyecto de reforma fiscal sobre el tapete, o cuando la recaudación tributaria no da signos de mejora sustantiva y, como hoy, se proponen medidas para aumentar los ingresos fiscales con medidas que, en el mejor de los casos, dan en qué pensar.
Lo esperanzador es que tales reflexiones tengan lugar en un país como Chile, otrora experiencia exitosa de la liberalización y el mercado, hoy en una senda más balanceada. Que reconoce el valor elemental de lo público, de la institucionalidad y la procura de la equidad social, como tres cimientos sobre los cuales construir su permanencia en el grupo de países etiquetados como de mayor desarrollo.
Lo retador para los guatemaltecos es encontrar la manera de trasladar ese discurso, a veces conceptualmente tan ajeno, a una realidad con tantas urgencias como la nuestra. Pero hay que seguir intentando. En algún momento la peña tendrá que ceder
trosada@gmail.com
