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30/04/10 - 00:00 Economía

Transparencia fiscal

Desde hace años los organismos internacionales han recomendado que Guatemala ponga en práctica normas de transparencia en materia fiscal, cuyo plazo parece que se está agotando.

Entre los aspectos más relevantes de este tipo de controles está lo relacionado con los precios de transferencia, acceso inmediato a las cuentas bancarias, intercambio de información de carácter fiscal con otros países, acciones nominales, entre otros.

En el último anteproyecto de reforma fiscal, denominado Reforma Tributaria Integral, con 270 artículos y 154 páginas, se incluye la regulación de los precios de transferencia y se le denomina Normas de Valoración Entre Partes Relacionadas, y lo que pretende es controlar las operaciones que se dan entre empresas de un mismo grupo, a efecto de que las condiciones de precio no difieran de las que se darían con empresas independientes comparados con los precios normales de mercado.

La regulación del acceso inmediato a las cuentas bancarias de los tributarios se ha incluido dentro de una iniciativa de Reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, actualmente en el Congreso de la República.

Lamentablemente estos controles están enfocados solamente a una cara de la moneda, como es el de los ingresos tributarios; también se necesita legislar en materia de eficiencia en la ejecución del gasto.

Paralelamente a las prácticas de transparencia tributaria que se están exigiendo, debiera también trabajarse en leyes anticorrupción e enriquecimiento ilícito. Esta última se encuentra durmiendo el sueño eterno en el Legislativo.

Entre tanto, las empresas que venden o prestan servicios al Estado deben tomar nota que esta semana el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) difundió un listado de 7 puntos, entre los cuales se pide que las sociedades mercantiles y las ONG deberán publicar la escritura constitutiva, identidad de propietarios, representantes, directivos y accionistas. Así como está redactado el aviso, se interpreta que se debe publicar toda la escritura de constitución.

Entre otros más, se pide certificado del banco que acredite la titularidad de cuentas y operaciones bancarias que se poseen, solvencia fiscal extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Estados Financieros certificados por Contador Público y Auditor registrado en la SAT.

Si bien es cierto que actualmente una sociedad mercantil no está obligada a emitir acciones nominativas, con esta disposición administrativa del MFP la empresa que quiera ofertar al Estado tendrá que revelar el nombre de sus accionistas.

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POR óSCAR CHILE MOROY /

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