Prensa Libre

POR BYRON DARDóN

El monto del impuesto, que cobró vigencia el 2 de mayo último, fluctúa entre US$35 para vehículos sedán, hasta los US$150 para autobuses.

El pago se aplica tanto para salvadoreños como a extranjeros, porque es para todos los propietarios de un vehículo al momento de renovar la tarjeta de circulación, o bien, a los automotores extranjeros que ingresen en El Salvador.

Héctor Fajardo, representante de la Federación Centroamericana de Transportistas (Fecatrans), indicó que el Fonat no solo contradice los acuerdos de integración centroamericanos, sino que afecta el flujo comercial y eleva los costos del transporte, además de que impacta en el suministro a los consumidores de bienes y servicios.

Fajardo detalló que desde el jueves último en las cuatro aduanas de ingreso a El Salvador se podían observar colas de automotores esperando solventar el pago. Agregó que se tienen reportes de esperas de entre 10 y 15 horas para pasar a territorio salvadoreño.

María Luisa Flores, viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía, dijo que ese fondo no contribuye al esfuerzo de facilitación comercial porque impone una carga adicional al comercio centroamericano.

Agregó que se analiza la ley y sus implicaciones para decidir si se hablará con las autoridades salvadoreñas, para que puedan dar una solución a la problemática.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, expresó que el tributo mencionado restará competitividad a los salvadoreños.

“Es un impuesto sumamente ineficiente que lo que hará es desmotivar el comercio, el turismo y las inversiones con ese país”, dijo Briz.

En su opinión, la solución debe llegar de la mano de los ministros de la integración por medio del Comieco (Consejo de Ministros de Economía), quien debería atender el problema de inmediato pues afecta a todos los países. Los ministros de Relaciones Exteriores deberían hacer notar la problemática, agregó Briz.

Jean Paul Brichaux, director ejecutivo del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, opina que el impuesto constituye un pago adicional y encarece los costos, por lo que se deben analizar las implicaciones que tendrá.

“Las autoridades salvadoreñas deberían tomar como válido el seguro de responsabilidad civil que ya pagan los transportistas al ingresar a El Salvador”, dijo Brichaux.