Solo quedan Q13.9 millones de los Q9 mil 621 millones que recibió el Estado por la privatización de entidades como la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y Telgua (antes Guatel).
El Estado recibió los fondos entre 1998 y el 2001, y durante los gobiernos de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo y Óscar Berger se usaron unos Q9 mil 131.5 millones —el 94.9 por ciento del total—, y al finalizar el 2006, el saldo ya era de Q489.5 millones.
De ahí, fue hasta en junio del 2010 cuando el gobierno de Álvaro Colom empezó a usar esos recursos.
El monto bajó a Q152.3 millones a mediados de junio, y la semana recién pasada ya se encontraba solo en Q13.9 millones, que representa el 0.14 por ciento del total, según un informe publicado por el Banco de Guatemala (Banguat).
Al respecto, el Ministerio de Finanzas informó que lo utilizado en el 2010 se destinó para el pago de deuda interna.
Agregó que se consultó al Departamento Jurídico del ministerio, y se determinó que era legal el uso de los fondos.
Desde 1998 se inició un debate acerca de cómo invertir el dinero de la privatización.
Expertos recomendaron constituir un fideicomiso y solo gastar los intereses generados, pero el entonces presidente, Álvaro Arzú, prefirió utilizar el dinero.
A lo largo de los años, además de pagar algunos intereses de préstamos adquiridos por el país, los fondos han tenido destinos variados.
Entre ellos figuran traslados a Guatel, para pago de pasivo laboral y pensiones; traslados al Instituto Nacional de Electrificación (Inde), capitalización del Banco del Ejército, a través del Instituto de Previsión Militar (IPM), que posteriormente, con cartera tóxica, fue absorbido por el Crédito Hipotecario Nacional, el cual también recibió fondos de la privatización.
También se han destinado recursos a apoyar a poblaciones afectadas y trabajos en infraestructura dañada por la tormenta Stan y se han dado aportes a los fondos de Tierras y de Vivienda, así como para la desmovilización del Ejército.
“En general, el proceso de privatización ha sido un mal negocio para el Estado guatemalteco”, comentó Jorge Santos, economista del CIDH.
“El dinero ha servido para beneficiar intereses particulares, como el caso de Guatel, o para que el Estado haga pequeñas inversiones que no han resuelto necesidades”, indicó.
“El Estado recauda poco, y ha perdido sus ingresos y capacidad de actuar frente a crisis y fenómenos naturales”, añadió.
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