Los casos que se gestionan en el tribunal tienen una fecha límite —que por lo general son 30 días— y si no se pronuncia el Directorio puede favorecer a otras partes y perjudicar al fisco.
Otros casos deben ser enviados a cobro por la vía judicial.
El nombramiento de los nuevos directores por parte del presidente Jimmy Morales, el pasado 19 de febrero, quedó entrampado por el Congreso en la sesión del jueves 25.
Por ley, el Congreso deberá emitir opinión sobre las personas seleccionadas para el Directorio de la SAT, pero según algunos diputados, hubo vicios por ser una lista que conoció el expresidente Otto Pérez Molina.
Esta semana se deberán presentar al Legislativo las pruebas de descargo de los candidatos.
