Economía

Gobierno da dos años para que empresas realicen Estudio de Impacto Ambiental

El Ministerio de Ambiente fijó un plazo para que las empresas puedan realizar estudios de impacto ambiental y regularizar su situación.

Por Rosa María Bolaños

El listado de cobros fue actualizado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El listado de cobros fue actualizado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Gobierno dio un plazo de dos años para que proyectos, obras, industrias o actividades que no cuenten con estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) y que operaban antes del 12 de julio se puedan regularizar.

A los proyectos que no tengan denuncias o un proceso en su contra y se presenten de forma voluntaria solo se les impondrá una multa de Q5 mil, sin importar la categoría a la que pertenezcan.

El nuevo reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, acuerdo 137-2016, vigente desde el 12 de julio, emite esas disposiciones.

Para regularizarse se debe acudir al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) a efectuar los trámites.

Los proyectos aprobados antes de esa fecha y no tengan licencia ambiental dispondrán de un plazo de dos años para solicitarla, y de no hacerlo se archivará el expediente y deberán presentar otro.

Ayer fue publicado el listado taxativo que clasifica los tipos de licencia y control que requiere cada actividad.

Dos visiones: empresarial y ambientalista

Directivos del sector empresarial como Vestex y la Cámara del Agro (Camagro) mostraron satisfacción porque se hicieron consultas públicas y   pudieron  hacer observaciones, pero  Rafael Maldonado, asesor jurídico de Calas, criticó  que se  reduce la posibilidad de participación social para presentar oposición  en algún  proyecto y no se  establece alguna disposición sobre las consultas comunitarias.

Agropecuario

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Camagro mencionó como aspectos positivos que el listado taxativo “se categorizó de mejor manera conforme a criterios del tamaño de la operación y tipo de proceso que tiene cada proyecto, incluye los forestales, agroforestales, agroindustria”.

Una de las actividades que más clasificaciones nuevas tiene es la de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Además que se fija un plazo para que se los proyectos, obras empresas y actividades se regularicen sus las operaciones existentes. “Se incluyeron temas importantes para mejorar niveles de cumplimiento, eliminar la discrecionalidad entre otros puntos al tema del seguro, y eso permitirá incluir guías ambientales” agregó la ejecutiva.

“Fijar plazos es positivo ya que  envía un mensaje por parte del Ministerio de Ambiente  hacia las la empresas como de facilitación lo importante es que todos cumplan, se regularicen y cumplan” añadió Caballeros.

Maquilas

Alejandro Ceballos, directivo de Vestex dijo que hubo buena disposición de parte de las autoridades para buscar un balance en el reglamento y listado de actividades.

Explica que las maquilas, por ejemplo, no se deben medir solo por el número de trabajadores. Las maquilas de confección no tienen procesos que puedan afectar el ambiente  mientras que las maquilas textileras usan más agua en sus procesos, mencionó, por lo que cree que la valoración no puede ser igual.

Respecto a la baja en los cobros de estudios y controles, de Q100 mil a Q25 mil, Ceballos comentó que para una empresa grande, de más de 40 empleados el cobro de esos montos no significa el mismo impacto económico para maquilas pequeñas y que un pago como esos puede “sacarla de la competencia económica, entonces deciden por no instalarse o esconderse y trabajar en la informalidad” expuso.

Dividir el cobro de las licencias por rango de plazos es mejor, a consideración del directivo, ya que aunque el monto sea mayor sale mejor pagarla por cinco años y no tenerla que renovar constantemente.

Falta alcance ambientalista

Maldonado, asesor jurídico de Calas, ve como el principal problema del nuevo reglamento y listado que se reducen las posibilidades de la participación ciudadana y de que  la sociedad pueda oponerse ya que no se les brinda audiencia en el MARN.

“No se está dando un  espacio de análisis y exposición de las razones” comentó.

A consideración de Maldonado también se ignora el tema de regular lo relativo a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad respecto de los temas de consulta popular a los pueblos y comunidades del área de influencia de los proyectos establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

“Creemos que es limitativo de los espacios y vendría a ser una decisión poco acertada por parte del Ministerio ya que las sentencias que se han emitido da razón a las comunidades” agregó Maldonado.



Diferentes factores y criterios de valoración para clasificar las actividades y el impacto potencial al ambiente. (Infografía, Prensa Libre: Esteban Arreola)
Diferentes factores y criterios de valoración para clasificar las actividades y el impacto potencial al ambiente. (Infografía, Prensa Libre: Esteban Arreola)