Economía

Gobierno mantiene una baja ejecución de préstamos

Las unidades ejecutoras del Estado apenas han empleado un 13% en promedio de fondos provenientes de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta septiembre último.

Por Urías Gamarro

Fernando quevedo, representante del BID en Guatemala, expuso ayer que hay una baja ejecución de los préstamos por parte de la unidades ejecutoras.
Fernando quevedo, representante del BID en Guatemala, expuso ayer que hay una baja ejecución de los préstamos por parte de la unidades ejecutoras.

Fernando Quevedo, representante de ese organismo financiero en Guatemala, aseguró que existen varios obstáculos que no hacen “dinámica” la aceleración del gasto a las diferentes unidades ejecutoras.

La aclaración se dio durante el ciclo de Jornadas Técnicas para discutir el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos en la Comisión de Finanzas del Congreso.

“Hay varios factores que explican la no aceleración del gasto”, afirmó el diplómatico, a pesar que hubo una norma en la cual se crearon espacios presupuestarios para agilizar la ejecución.

Jairo Flores, presidente de la Comisión, explicó que el Ministerio de Salud ha ejecutado 30%; Educación, 4.3%; Economía, 26%; Comunicaciones, 5.5%; Ambiente, 66%; Secretarías, 0%; Oligaciones a Cargo del Tesoro, 17%, y Desarrollo, 0%.

Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, dijo que la baja ejecución se debe a que hubo una reorganización financiera y viabilización del gasto, así como la liberación de los candados a principios de la gestión de Gobierno.

En los siguientes días, el Legislativo conocerá una solicitud de préstamo con el BID para el Ministerio de Educación por US$150 millones para ampliar la cobertura escolar.

Nueva cartera

Quevedo confirmó que el Directorio del BID en Washington, D. C., estaría legalizando un nuevo préstamo para Guatemala por US$250 millones, para apoyo presupuestario.

Homa-Zahra Fotouhi, representante del Banco Mundial en el país, confirmó un préstamo por US$250 millones, del que US$50 millones se destinarán a apoyo presupuestario, US$100 millones a combatir la desnutrición, US$45 millones a infraestructura y US$55 millones a reorganizar la SAT.

Esto significa que los organismos internacionales están abriendo las ventanillas al país, cerradas por la crisis política del año pasado.