Economía

Las inversiones podrían estar en riesgo, afirma Cacif

Por primera ocasión, el sector empresarial organizado cuestionó un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) por haber ordenado la suspensión temporal de las hidroeléctricas Oxec y Oxec 2, en Alta Verapaz.

Por Urías Gamarro y Rosa María Bolaños

José González-Campo, al micrófono, y Marco Augusto García, presidente y vicepresidente del Cacif, cuestionaron ayer el fallo que emitió la CC.
José González-Campo, al micrófono, y Marco Augusto García, presidente y vicepresidente del Cacif, cuestionaron ayer el fallo que emitió la CC.

Los dirigentes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), rechazaron de manera rotunda ayer la resolución y aseguraron que la medida pone en riesgo la certeza jurídica y la atracción de inversión extranjera en proyectos hidroeléctricos.

“Consideramos necesario luchar por la independencia del sector justicia. Esto puede suceder si las decisiones que se adopten, sean fallos judiciales o reformas al marco constitucional, se tomen con independencia y libertad”, dijo José González-Campo, presidente del Cacif.

Las hidroeléctricas se ubican en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

¿Quién lo hace y quién acata?

  • Reglamento
  • El Convenio 169 “es claro”, y establece que el encargado de las consultas es el órgano que brinda la medida administrativa según la materia, y no la empresa, refiere el consultor Jorge García Chiu.
  • Ante la falta de reglamento, cada entidad debe desarrollar un mecanismo, pero no se puede eximir a nadie de la obligación, agregó.
  • En el caso de hidroeléctricas y minas, es Energía y Minas el ministerio obligado a desarrollar el procedimiento de consulta antes de dar la autorización.
  • Según el criterio del experto, todo ente, estatal, municipal, legislativo o de otro tipo, que realice o autorice una obra o decisión debe consultar a las comunidades indígenas en el área de influencia.
  • Considera que es el Organismo Ejecutivo el que debe hacer un reglamento general, para que aplique a cualquier ente.

González-Campo enfatizó que el sector privado debe tener certeza jurídica e hizo un llamado para que la actuación de las autoridades responda a una visión de futuro respecto del desarrollo económico.

El empresario hizo énfasis en buscar una solución al Convenio 169 de la OIT, que establece las consultas comunitarias a pueblos indígenas, y a la falta de consensos relacionados con el artículo 203, que trata de la jurisdicción indígena en las reformas constitucionales que debate el Congreso.

Riesgo

“La decisión de la CC pone en cuestionamiento la confianza que hay, así como la imagen para los inversionistas extranjeros”, subrayó el empresario, quien afirmó que hay presiones para magistrados y diputados. Señaló: “Algunos reciben instrucciones en inglés”.

González-Campo dijo que lo que critican es que “hay personas que utilizan el nombre de una persona o institución para generar presión”.

En el caso de Oxec, el monto del capital por la infraestructura supera los US$100 millones —Q735 millones—, manifestó Marco Augusto García Noriega, vicepresidente del Cacif.

“Lo que ponemos como alerta son los daños económicos que pueden provocar al país este tipo de resoluciones”, afirmó.

A criterio de García Noriega, el origen del problema no es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino la falta de un reglamento que regule la forma de hacer la consulta a la población para la instalación de ese tipo de infraestructuras.

La suspensión argumenta que la compañía incumplió con la consulta necesaria. Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, las hidroeléctricas Oxec y Oxec 2 aseguran haber cumplido con siete criterios del Convenio 169.

Enrique Lacs Palomo, viceministro de Economía, reconoció que la decisión de la CC provoca “nerviosismo” y no ayuda a generar un clima de negocios.

Detenida inversión por más de Q11 mil millones

Datos de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) refieren que los proyectos sumarían 488.96 MW, con una inversión de Q11 mil 735 millones.

Suspendidos por conflictividad: Tres Ríos, San Marcos, 49.19 megavatios (MW); Entre Ríos, Alta Verapaz, 8.25 MW; Las Tres Niñas (o el Orégano), Chiquimula, 120 MW; Río Hondo, Zacapa, 32 MW; Cambalán, Huehuetenango, 4.9 MW; Santa Rita, Alta Verapaz, 19.47 MW; El Sisimite, Guatemala, 40 MW.

También están suspendidos por resolución provisional de la CC los proyectos de Oxec 1 y 2, por 26 y 60 MW, respectivamente. La primera ya estaba en operación.

Con conflictividad: San Luis, Pojom 1 y Pojom 2, las tres en Huehuetenango, con 12 MW, 10.4 MW y 20 MW, respectivamente. También proyecto Teculután, en Zacapa, 20 MW.

En proceso de consulta a los pueblos indígenas: La Vega 1 y La Vega 2. En proceso de diálogo: Salá, San Marcos, 15 MW.