La iniciativa fue promovida en el 2014 por los entonces ministros de Economía, Sergio de la Torre, y de Trabajo, Carlos Contreras, durante la administración del Partido Patriota. Finalmente fue aprobada la medida por el expresidente interino, Alejandro Maldonado Aguirre.
En esas zonas se pretendía fijar salario mínimo para las actividades de industria manufacturera, medida que fue criticada por varios sectores, sobre todo sindicales, porque se ofrecían sueldos por debajo del promedio nacional. Esa situación causó una batalla legal que llegó a la Corte de Constitucionalidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo en el área rural fue de 1.8% en 2016.
Los distritos económicos definían un área en donde los salarios diferenciados eran aplicables. Empresas podían optar por instalarse en los municipios con esa circunscripción y contratar personal con sueldo menor al mínimo que el resto del país.
La propuesta inicial contemplaba un pago de Q1 mil 500 mensuales, pero la Corte de Constitucionalidad declaró en definitiva, el pasado 8 de septiembre de 2015, que la aplicación no era viable.
Después de varias discuciones con la sociedad civil, el salario diferenciado fue aprobado por un monto que asciendía a Q1 mil 954.95. La medida fue impulsada por el Ejecutivo el 31 de diciembre del 2015, y derogado por el presidente Jimmy Morales en febrero del 2016.
Un análisis de Prensa Libre, publicado el pasado 6 de enero del año pasado, detallaba que el salario diferenciado estaba a Q1 mil 585.65 debajo del costo de la canasta básica alimentaria (CBA), por lo que una familia de cinco integrantes solo podría alimentarse por 16 días.
Expertos determinaron que una familia necesitaría al menos Q118 diarios y Q3 mil 540.60 al mes para cubrir la canasta básica vital.
