Además del monto defraudado, con la multa de 100% y los intereses del 13% —tasa activa ponderada del sistema financiero— la agropecuaria deberá pagar al fisco unos Q460 millones.
La firma, que opera en el municipio de Tiquisate, Escuintla, pertenece al grupo empresarial Hame, propiedad de Hugo Alberto Molina Espinoza.
Café y cardamomo
Los exportadores de café y cardamomo pidieron ayer a la SAT que revise la denuncias penales presentadas al Ministerio Público en contra de dichos sectores.
Según representantes de la Asociación de Exportadores de Café (Adec) y de la Asociación de Exportadores de Cardamomo (Adecar), las denuncias fueron hechas con base en presunciones de simulación de exportaciones que sí fueron realizadas.
Jean Paul Brichaux, director ejecutivo de Adec, dijo que el 80% de exportadores de café tienen denuncias, lo que implica que están afectos a medidas precautorias , embargos y arraigos, lo que afectará su actividad.
La agropecuaria se dedica a la producción y exportación de banano y plátano en la Costa Sur.
Adrián Zapata Alamilla, intendente jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informó que un interventor, cuatro auditores y dos notarios se hicieron cargo desde ayer de las operaciones de la agropecuaria con el objetivo de garantizar el pago de los impuestos evadidos.
Bellamar tiene sus oficinas en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Además de la intervención, el juez ordenó el arraigo de Manuel de Jesús Elías Higueros, representante legal de la empresas, y el embargo precautorio de 108 vehículos que pertenecen a la compañía.
Compra de divisas
Zapata Alamilla explicó que la investigación apunta a que la empresa simuló una supuesta compra de divisas entre el mismo grupo empresarial.
El objetivo era pagar menos impuestos mediante una triangulación, refirió el funcionario.
Según el intendente, este caso es “muy complejo y muy especial”.
La agropecuaria presentó ante la SAT la deducción del gasto para el pago del ISR e IVA doméstico, respectivamente.
Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público detectó tres inconsistencias por la simulación en la compra de divisas y transacciones vinculadas.
