Economía

Ética en las empresas guatemaltecas

La investigación titulada “Clima Ético de la Empresa Privada en Guatemala. Grado de Implantación de Prácticas Éticas” fue elaborada por el Centro de Investigación Humanismo y Empresa (CIHE), de la Universidad del Istmo (Unis), Fraijanes, Guatemala, que se hizo pública el 24 de agosto del 2016 en el campus central de la Unis, presentada por sus autores, Hugo Donaldo Cruz Rivas y Joan Fontrodona Felip.

A continuación, un extracto de la investigación: El 81% de los encuestados afirma que en su empresa existen prácticas éticas formales. El 40% opina que esas prácticas éticas frecuentemente les han ayudado a tomar decisiones, y otro 40% opina que le han ayudado solo algunas veces.

Los encuestados consideran que las áreas de la empresa donde más problemas éticos se presentan son Comercial y Ventas (señalada por el 42%), Recursos Humanos (40%), Contabilidad y Finanzas (37%), Compras (36%) y Operaciones (30%).

Las prácticas éticas más comunes en las empresas son las siguientes: canal formal para reportar malas prácticas o dudas éticas, 74%; código de ética o conducta, 71%; persona o equipo responsable del tema ético, 66%; programa de formación ética, 50%; comité de ética, 50%; credo corporativo, 36%, y código de buen gobierno corporativo, 33%.

En cuanto al presupuesto, destaca que un 39% dedica menos de US$50 mil al año a la gestión y desarrollo de prácticas éticas formales y que un 30% no tiene un presupuesto específico para estos temas. También es interesante que un 13% invierte montos superiores a US$100 mil anuales para este rubro.

El grado de difusión de cada una de esas prácticas es diferente entre sí y varía según el nivel de la organización del que se trate. Así, los canales formales para reportar malas prácticas son difundidos entre el equipo gerencial, los mandos intermedios y los colaboradores solo en 66% de las empresas.

El código de ética es más difundido entre colaboradores (68%) que en el equipo gerencial (63%). Los programas de formación ética, cuando existen, se divulgan entre equipo gerencial, mandos intermedios y colaboradores en un 43% de las empresas.

En particular, el programa de formación ética se dirige sobre todo a los colaboradores (51%), en menor grado al equipo gerencial (45%) y mucho menos al comité de ética (solo 5%).

El seguimiento de las prácticas existentes recae como responsabilidad de RR. HH. (56%) y el gerente general o director ejecutivo (54%). Solo en el 16% de los casos, el Comité de Ética tiene responsabilidad en este seguimiento.

La razón más importante por la que se han implantado las prácticas éticas formales es para potenciar determinados valores (63%). También se menciona como razón el desarrollo personal de colaboradores (51%) y el haber vivido situaciones delicadas (35%).

Los impactos positivos más destacados que los gerentes perciben como resultado de las prácticas éticas formales son: mayor enfoque en los valores (61%); mejora de la reputación (53%); reducir situaciones delicadas (45%), y mejora del clima laboral (38%).

Comentarios y sugerencias finales

De momento, parece que se asigna mucha importancia a la existencia de canales formales para reportar malas prácticas y al código de ética. Sin menospreciar el papel que esos instrumentos juegan dentro de un sistema de gestión de la ética empresarial, es llamativo y quizás preocupante que del 81% de empresas que afirma que cuenta con prácticas éticas, apenas un 33% cuenta con un código de buen gobierno corporativo, y solo un 50% afirma que cuenta con un comité de ética y con un programa de formación ética.

Y en este último punto ocurre que los programas de formación, cuando existen, se focalizan más en los colaboradores y mandos medios que en la alta gerencia o en el comité de ética.

La escasa atención que reciben los comités de ética es un riesgo. Quizás se asume que los miembros del comité tienen suficiente formación ética, y que por tanto, ya no necesitan más. Quizás se desconoce qué tipo de formación podrían recibir como equipo. En cualquiera de estos casos se estaría ante la posibilidad de que quienes deberían analizar los casos de malas prácticas y emitir un dictamen al respecto posiblemente no cuentan con las herramientas conceptuales necesarias para ello.

ESCRITO POR:

José Molina Calderón

Economista. Consultor en gobierno corporativo de empresas familiares. Director externo en juntas directivas. Miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Autor de libros de historia económica de Guatemala.