El Congreso ratificó la semana pasada el convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo. Sin embargo, para implementar la medida aún es necesaria la aprobación de la iniciativa de Ley 3416.
El sector sindical se opone a esos cambios, argumentando que temen que se vulneren los derechos laborales de los guatemaltecos y sería inconstitucional porque las empresas dejarían de pagar prestaciones y beneficios laborales.
Ninoshka Linde, gerente del sector de Contact Center y BPO asegura que este convenio beneficia a los trabajadores, más que a los empleadores y fortalece el comercio.
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), opinó que la medida no creará más empleo, sino lo abaratará y generará condiciones más precarias, según se ha observado en países desarrollados como España y Holanda.
El departamento de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que algunos patronos han contratado a trabajadores por un tiempo parcial, pero han omitido el pago de las cuotas al seguro social, situación que ha requerido que los inspectores verifiquen su cumplimiento.
