Economía

MP investigará a directora general de Minería

El Ministerio Público (MP) investigará a la directora general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ida Elizabeth Keller Taylor, por el proceso para emitir la licencia del proyecto minero Niquegua Montúfar 2, Izabal.

Por Rosa María Bolaños

Ida Elizabeth Keller, directora general de Minería.
Ida Elizabeth Keller, directora general de Minería.

Rafael Maldonado, asesor jurídico del grupo ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas), informó que el MP les notificó ayer que aceptó la querella penal en contra de la funcionaria y de Guillermo Fernando Scheel, subdirector de Minería.

A la fecha, la licencia no ha sido otorgada, pero según el abogado, Calas presentó una oposición al proceso, la cual fue rechazada por Keller con una resolución en la cual no se tomó en cuenta la posición de los pueblos indígenas que rechazan el proyecto, y según el criterio de la organización, si se otorga, esta sería ilegal.

Para Maldonado, la directora habría falsificado datos y en la resolución cita un dictamen que no existe para ese proyecto. “La resolución rechaza la oposición (de Calas) argumentando que ella no tiene la obligación de realizar una consulta popular” añadió el abogado.

El proyecto, que se ubica en el municipio de El Estor, pertenece a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), de propiedad rusa.

Se pidió la versión de la funcionaria o del MEM, pero hasta la hora de cierre de esta edición, ninguno había respondido.

Licencias

  • Nueve casos indicados  por el MEM se refieren a consulta comunitaria.
  • 344  licencias mineras vigentes al 1 de julio  del 2016 reporta el MEM.
  • Además hay 611 solicitudes para autorización de licencias.
  • Se incluyen materiales de construcción, metálicos y no metálicos.

Contra la funcionaria también Calas interpuso otra denuncia por el proceso para otorgamiento de licencia para el proyecto Sechol, Alta Verapaz, el cual es propiedad de Mayaníquel, por motivos similares agregó Maldonado. 

Hasta marzo pasado, según la unidad de asesoría jurídica del MEM,  en ese ministerio había 14 casos con recursos constitucionales en diferentes fases de los cuales 12  son  proyectos mineros y dos son por  hidroeléctricas.

Nueve casos se refieren a consulta comunitaria.

En esa oportunidad los encargados de la asesoría jurídica de ese ministerio explicaron que en el caso de las consultas populares, el MEM sostiene que estas no son vinculantes y una vez los proyectos cumplan con los requisitos técnicos, ambientales y legales, aunque haya ganado el “no” en una comunidad, el ministerio puede otorgar las licencias.