Economía

La camisa de fuerza que no deja cambiar el presupuesto de Guatemala

La ejecución del presupuesto está comprometida en un 90% por destino constitucional, leyes específicas, pago del servicio de la deuda y los pactos colectivos, lo cual hace que sea rígido.

La ejecución de nuevas obras está comprometida ante los compromisos de gasto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La ejecución de nuevas obras está comprometida ante los compromisos de gasto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Eso significa que hay gastos que ya están comprometidos previamente, antes de la aprobación presupuestaria por ley a los cuales no se les puede cambiar destino.

En las últimas cuatro semanas, cuando el Ejecutivo presentó la iniciativa de Reforma Fiscal, que luego retiró, el debate se activó y diversos sectores cuestionaron sobre la calidad del gasto y la ejecución de los recursos, así como la falta de transparencia.

“De entrada, el Gobierno no puede mover dinero y destinarlo hacia otras áreas, porque la repartición está en base a la Constitución y otras normas”, explicó David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Aunque la rigidez garantiza la caja financiera para las distintas entidades, no es símbolo de calidad, transparencia y buen uso de los recursos por parte de los ejecutores, según los expertos consultados.

Por ejemplo, el cobro del IVA PAZ, el dinero se destina para financiar distintos fondos y programas en específico que han sido objeto de cuestionamiento y escasos controles por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Entre estos se encuentran el Fondo Nacional Para la Paz —en fase de liquidación—, Fondo de Solidaridad, Fondo de Conservación Vial y el Fondo para la Vivienda —este último tiene ingresos por la venta de saco de cemento—.

En algunos fondos, las autoridades investigan supuestos actos de corrupción cometidos por el mal manejo de los recursos.

Otra de las maniobras es que las municipalidades que reciben dinero por la vía del IVA PAZ crean fideicomisos que son difíciles de fiscalizar por las autoridades, como un mecanismo de escudo.

Además, muchas de las obras financiadas por los fondos no son prioritarias o no generan un impacto positivo en la mayoría de la población.


Para poder cambiar la rigidez se tendrá que llevar a cabo un proceso de reforma a la Constitución y es algo que no cambia con respecto a los presupuestos, dijo.

Los números

En los últimos años, el peso de la rigidez va ganando espacio.

Para este ejercicio están comprometidos Q6 mil 615 millones como destino constitucional, mientras que las asignaciones en cumplimiento de los Acuerdos de Paz contemplan Q33 mil 696 millones.

Por remuneraciones —pago de planilla— que incluye los compromisos asumidos por los pactos colectivos estatales de otros años, la asignación es de Q18 mil 821 millones, que es la porción más alta de la rigidez presupuestaria.

El margen de maniobra que le queda al Ejecutivo para destinarlo hacia otras áreas alcanza el 10%, en promedio, detallan las estadísticas.

Destino fijo

Del presupuesto vigente de Q70 mil 796 millones y la recaudación que logre la Superintedencia de Administración Tributaria, las municipalidades tienen un ingreso fijo del 10% como aporte constitucional.

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que para este año la asignación para los 340 municipios es de Q2 mil 979.7 millones.

El indicador apenas creció 1% con respecto al 2015, cuando el monto asignado fue de Q2 mil 949 millones.

En segundo lugar se encuentra la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con una asignación del 5% presupuesto que equivale a Q1 mil 489.8 millones.

En 2015, la asignación fue de Q1 mil 474.5 millones (1%). El reporte señala que la Usac ejecutó el 93%, es decir Q1 mil 371.3 millones.

El Organismo Judicial (OJ) tiene asignado por ley el 4% del gasto total, que para este año representa Q1 mil 191.9 millones.

En el proyecto de gasto para el siguiente ejercicio se contempla el destino específico por orden constitucional y legal:

Municipalidades: Q6 mil 621.12 millones, o sea 32%.

Clases Pasivas: Q4 mil 393 millones, que representa 22%.

Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural: Q2 mil 151.56 millones, que equivale 11%.

Universidad de San Carlos de Guatemala: Q1 mil 936.95millones 9%.

Superintendencia de Administración Tributaria: Q1 mil 134 millones, 6%.

Congreso y Procuraduría de los Derechos Humanos, Q718.6 millones 3%.

Transferencias al Deporte, Q446.9 millones.

Otros destinos, Q2 mil 977.96 millones 15%. .


En 2015 ejecutó el 100%, que fue de Q1 mil 179.6 millones.

El Deporte Federado tiene una asignación del 1.50% del presupuesto, que para este año equivale a Q447 millones. El año pasado, ejecutó el 85%, con Q337 milllones.

El Deporte no Federado y Educación Física, Recreación y Deportes —administrado por la Dirección General de Educación Física (Digef)—, tienen un aporte de 0.75%, que para este ejercicio es de Q223.5 millones para cada institución.

En 2015 el Deporte No federado ejecutó el 56.2% de su gasto, que representa Q103.7 millones, y Digef, 70.4% o sea Q155 millones

Por último, la Corte de Constitucionalidad recibe el 5% del OJ, que para este año es de Q59.6 millones.

Érick Coyoy, investigador de la Fundación Economía para el Desarrollo, explicó que con esta distribución de la rigidez, “prácticamente no se puede disponer de los recursos, porque ya está comprometido el destino de los mismos”.

“En el margen de maniobra que tiene el Estado debe existir una priorización para decidir dónde están las mayores necesidades, pero solo puede contar con 10% del gasto”, aseguró.

Coyoy explicó que en la mayoría de países del mundo existe rigidez presupuestaria, pero que Guatemala es uno de los más rígidos.

“Guatemala, Costa Rica y El Salvador cuentan con un gasto rígido de la región, que incluyen remuneraciones, el pago del servicio de la deuda y los destinos específicos/transferencias sobre gasto comprometido”, detalla un informe del Minfin.

Bomba de tiempo

El investigador del Cien afirmó que una de las preocupaciones a futuro es el incremento de las rigideces por clases pasivas, rubro que cada año va en aumento.

Casasola expuso que hay miles de personas que trabajan en el aparato estatal que se retiran e ingresan otros, por lo que el Estado debe mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones.

“Es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar y ninguna autoridad de Gobierno permitirá que surga en su administración”, indicó.

Para evitar ese impacto social, explicó el analista, se debe revisar de fondo con estudios actuariales —disciplina que aplica modelos estadísticos y matemáticos— que expliquen la realidad de los números de los beneficios que reciben las personas y pensionados y la contribución que aportan.

“Las cuentas no cuadran, y a medida que las personas se están retirando para jubilarse, se está generando una presión adicional a los presupuestos”, afirmó.

Un ejemplo de esta situación es que para este año el Congreso aprobó un aumento de Q500 a los jubilados del Estado, que significó un incremento de Q300 millones adicionales.

Es el alto porcentaje de los recursos presupuestarios que tienen un destino específico, y por tal motivo, no se cuenta con recursos adicionales para emprender nuevas acciones.

Esta rigidez deviene de preceptos constitucionales y de otras leyes específicas.

La rigidez presupuestaria de los ingresos corrientes se origina de dar cumplimiento a las asignaciones.

Otros compromisos que propician rigidez presupuestaria derivan de insumos básicos en programas educativos, de salud y de seguridad.

La rigidez presupuestaria es una medida que se aplica en la mayoría de países del mundo.


La fuente de financiamiento para cubrir ese ajuste provino de la colocación de bonos del Tesoro —que legalizó el Legislativo— que se traduce en un incremento de la deuda interna.

En el proyecto de presupuesto para el siguiente año se destinarán Q900 millones para cubrir esa cuota.

Rigidez en 2017

En el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, por Q79 mil 830 millones, la estructura de rigidiez se conservará como en otros ejercicios, según el Minfin.

“26 de 48 instituciones tendrán igual o menor asignación que 2016 y subirán cuotas legales”, indica el proyecto mencionado.

El proyecto del gasto destina alrededor de Q63 mil millones para gastos de funcionamiento y Q15 mil millones para inversión pública.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.