Eso significa que hasta ahora hay 94 jurisdicciones, de las que han sido objeto de análisis, que respetan esos estándares para el intercambio de información en caso de que una administración fiscal extranjera se lo demande.
En el caso de El Salvador, los autores del informe señalaron que tiene “un marco regulador y legal sólido, que garantizan que se pueden verificar las informaciones bancarias o sobre la propiedad de las entidades de dimensión relevantes”.
No obstante, puntualizaron que el Estado centroamericano tendría que asegurar que la información sobre las acciones al portador sea accesible “en todos los casos”.
Por otro lado, el Foro Global sobre la Transparencia publicó dos nuevos informes, sobre Túnez y Croacia, relativos al control de lo que se conoce como la “fase 1”, es decir, el simple ajuste con los estándares internacionales del intercambio de información.