Economía

Constructores de  hidroeléctrica en Panamá rechazan multa

Generadora del Istmo S.A.  (Genisa), empresa panameña de capital centroamericano, rechazó por “desproporcionada”  la multa que le impuso el Gobierno panameño por incumplimiento de acuerdos en relación con la construcción de una polémica hidroeléctrica en el occidente del país.

Por Panamá - EFE

Hidráulica de San José colinda con la Comarca Ngäbe-Buglé, ubicada en la región occidental de Panamá. (Foto Prensa Libre: Internet)
Hidráulica de San José colinda con la Comarca Ngäbe-Buglé, ubicada en la región occidental de Panamá. (Foto Prensa Libre: Internet)

A Genisa y a Hidráulica de San José, encargadas de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que colinda con la Comarca Ngbe Buglé, el Gobierno de Panamá impuso multas que suman más de US$1.2 millones.

Genisa señaló que la multa “injustificada y desproporcionada”  se da luego de que el Ministerio de Ambiente  (MiAmbiente) levantó una suspensión que mantuvo 8 meses paralizadas las obras de construcción de la hidroeléctrica.

De acuerdo con Genisa, la sanción se suma a las “serias lesiones económicas”  causadas a la empresa y a sus contratistas con el paro prolongado de la obra.

Según publicó el mes pasado el rotativo local La Prensa, Genisa fue multada con US$775 mil 200 por el incumplimiento de las medidas de “negociación, reubicación e indemnización de los afectados por el proyecto hidroeléctrico”, que se levanta en el distrito de Tolé, sobre el río Tabasará, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital.

A Hidráulica San José se le impuso una multa de US$450 mil, debido a “descargas sin permiso a la quebrada Manchuria y falta de entrega de informes de seguimiento”, de acuerdo con la información de prensa.

Genisa recordó que en su momento presentó un recurso de reconsideración respondiendo a los supuestos incumplimientos y multa impuesta por MiAmbiente, pero que en su resolución definitiva dicha entidad “no considera los sustentos presentados”  en la apelación.

También señaló que suscribió legalmente acuerdos importantes con el Cacique General, Máximo Saldaña, y el Congreso General Kdriri, los cuales fueron “debidamente”  notariados y compartidos con las autoridades competentes.

“Por lo anterior, rechazamos de manera categórica dicha sanción así como el matiz político con que se ha manejado este proceso”, indicó.

Genisa solicitó al Gobierno que se respeten los principios de Seguridad Jurídica y anunció que hará uso de los derechos que la ley le confiere para continuar dirimiendo su caso.

El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco fue suspendido de manera temporal en febrero pasado por decisión del Ejecutivo panameño, que alegó incumplimientos medioambientales y falta de entendimiento con la comunidad indígena Ngäbe-Buglé aledaña.

Hidroeléctrica Barro Blanco

  • El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco fue suspendido de manera temporal en febrero pasado por decisión del Ejecutivo panameño, que alegó incumplimientos medioambientales y falta de entendimiento con la comunidad indígena Ngäbe-Buglé aledaña.

El gerente general de Genisa, Aldo López, dijo a finales de agosto pasado en una entrevista con Efe que el proyecto había llegado “a un punto crítico”  y que la “paralización definitiva de las obras”  podía ser declarada por la empresa si el Gobierno no resolvía pronto la situación.

La suspensión de las obras suponen un agujero de US$40 millones para Genisa, que ya ha invertido unos US$120 millones en el proyecto, argumentó López.

El Ejecutivo panameño instaló una mesa de diálogo para decidir el futuro de Barro Blanco, que empezó a construirse en 2011 y registra un avance del 95%, y tras meses de negociaciones acordó el pasado 10 de agosto con los indígenas acabar las obras.

Entonces se anunció que la explotación a futuro de Barro Blanco depende ahora de una nueva etapa de negociaciones entre el Gobierno y los indígenas sobre aspectos técnicos de la obra para que se culmine sin riesgos.

Las partes también establecieron que analizarán opciones como la adquisición de la propiedad del proyecto por parte de un tercero, con justificación científica y financiera.