El ejecutivo, que respondió esta entrevista por correo electrónico, menciona que observa más conciencia en las comunidades, propietarios de inmuebles y alcaldes que van conociendo el proyecto, pero que a la vez, esperan más apoyo.

¿Qué plazo cubre la nueva prórroga autorizada por el MEM para finalizar el plan?

Se amplió el plazo para ejecutar la obra en 24 meses, a partir del 18 de septiembre del 2015. Esto dejaría la entrega total del PET para septiembre del 2017.

Ya hay obras en operación, ¿qué avance tiene el proyecto?

A mediados de octubre, el avance general estaba en un 84% y el avance físico de construcción en líneas de transmisión y subestaciones en 56%.

Ya se encuentran en operación comercial nueve subestaciones eléctricas y 413 kilómetros de red construidos. Al finalizar el 2015 estaremos con un 40% en operación.

¿Cuánto han invertido hasta ahora?

Con el avance actual del proyecto, la inversión es de unos US$383 millones. Existen hechos que están más allá del control y que superan la voluntad de las partes, lo que ha ocasionado la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del proyecto y, por ende, implica costos y gastos adicionales.

¿A cuánto asciende el sobrecosto?

Es importante mencionar que estos costos y gastos adicionales se definirán en un proceso conjunto con el Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

La población se opuso a la red aérea y colocación de torres en Río Dulce. ¿Ya aprobó el MEM el sistema subacuático para la red de ese tramo?

El Ministerio, recientemente, aprobó la alternativa de ejecutar las obras para el cruce del Río Dulce de la línea de transmisión nueva de Izabal a Morales de forma subterránea y subacuática.

Esto se encuentra sujeto a los resultados de estudios y a la obtención de las opiniones, dictámenes y autorizaciones correspondientes.

¿Qué aspectos motivaron la solicitud de esta prórroga de todo el plan?

El PET, catalogado como un proyecto estratégico para Guatemala y la región, implica cierta complejidad, ya que atraviesa por 15 departamentos y 74 municipios del país, lo que hace que se requiera de un proceso integral, que incluye diseño, socialización con las comunidades de influencia y permisos ambientales.

Además, pago de derechos de paso, que habilitan la construcción de líneas de transmisión y subestaciones.

En este proceso se han presentado hechos que están más allá del control y que superan la voluntad de las partes, razón que llevó a Trecsa a acordar un nuevo plazo con el Ministerio.

Ahora, ¿qué acciones implementarán para poder agilizar y finalizar el proyecto en el nuevo plazo que se les otorgó? ?

Esperamos contar con mayor apoyo de parte de las comunidades y de algunos líderes municipales en el proceso de socialización del proyecto.

Queremos resaltar que hemos visto en este período -donde hemos avanzado en poner en operación el 40% del proyecto- mayor conciencia de las comunidades, más anuencia de los propietarios y más compromiso por parte de los alcaldes, que han ido viendo cómo el proyecto aporta al país, respetando las normas ambientales y en muchos casos conjuntamente con proyectos comunitarios, que de manera voluntaria la empresa apoya.