Aunque se  respira un ambiente de persecución, las autoridades de la Intendencia Jurídica afirman que 12 meses después de haber reactivado los procesos de cobro judicial e intervenciones a las empresas, los contribuyentes se han acercado a pagar adeudos tributarios de manera voluntaria.

Es un  comportamiento que no se esperaba, pero que ha dado   resultado, expuso Adrián Zapata Alamilla, intendente jurídico  de la SAT, quien en una entrevista con Prensa Libre  dijo estar consciente de las consecuencias que puede tener ese tipo de acciones.

“Se genera el proceso de Aceros de Guatemala el 6 de mayo del  2016,  y a partir de ahí comienza una serie de acciones judiciales de expedientes de varios casos  que estaban en cartera de la intendencia, que habían sido abandonados por no sé qué motivos”, afirmó.

Aunque dice haber perdido la cuenta del número de  intervenciones en este primer año, la última acción solicitada a un juez se concretó  el  21  de abril último contra la firma  Almacenes y Servicios, Sociedad Anónima (Alsersa), por un caso de defraudación.

Dos días antes, se había intervenido la empresa exportadora de cardamomo Cardex, por  simulación en la devolución de crédito fiscal, así como otras inconsistencias contables.

Estrategia

Para el consultor tributario Juan Carlos Paredes, las acciones que  lleva a cabo la intendencia jurídica no pueden definirse como  terrorismo fiscal, como en su momento las efectuó Marco Tulio Abadío Molina, exsuperintendente, que focalizó a determinados   contribuyentes, pero con programas de fiscalización constantes.

“Es una estrategia radical desde el punto de vista de la persecución de delitos a nivel penal, y esto no es más que una estrategia para poder recaudar más impuestos”, afirmó.

Miler Estrada, abogado especializado en tributación, coincide con este criterio y asegura que las intervenciones  han sido un disuasivo para aquellos contribuyentes que tienen alguna obligación pendiente o un proceso judicial activo en la SAT, para  buscar una solución y evitar la intervención.

En todo caso, explicó que  la intervención es una medida cautelar que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de una obligación, pero la misma debe ser solicitada y otorgada de manera objetiva y siempre que esté justificada.

“Si no se cumple con dichas condiciones, no eleva el respeto al ente recaudador sino que se convierte en una medida intimidatoria”, señaló Estrada.

Paredes explicó que  aunque  es normal que los contribuyentes se acerquen a pagar los adeudos o ajustes tributarios,  por los procesos económico-coactivos y contencioso-administrativos los contribuyentes prefieren ir a liquidar  para evitar algún proceso penal en su contra.

Zapata Alamilla dijo que  no existe ninguna persecución contra los contribuyentes. Los casos que han  solicitado  para intervención son denuncias correspondientes a otros períodos fiscales, así como auditorías donde encontraron inconsistencias.

Más adeudos

El intendente explicó que las solicitudes de intervención  por la vía penal continuarán desarrollándose este año, pero ya no con la intensidad del año pasado, por la regularización que los contribuyentes están efectuando.

Explicó que existe una cartera de más de Q10 mil millones por adeudos tributarios y que se están analizando los procesos.

Los analistas consultados refieren que si continúan las intervenciones  las mismas deben ser justificadas, ya que su naturaleza es de carácter cautelar.

Figura legal

• Las solicitudes de intervención son procesos  regulados en la Ley.
• El 6 de  mayo del 2016,  la SAT intervino Aceros de Guatemala (AG)  por un adeudo tributario.
• Según la  Intendencia Jurídica de la SAT, luego de haber estudiado el caso con la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público se decidió reactivar las intervenciones.
• Un día  después, AG hizo efectivo el pago del impuesto evadido, más multas e intereses. En total  pagó  Q782 millones.
• A partir  de esa fecha se comenzó   una ofensiva   y otras medidas judiciales contra representantes legales de  empresas.
• Las intervenciones son  medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria.
• La medida   significa que la SAT toma el control de la  empresa intervenida y esta debe de continuar con su proceso de negocio normal.
• En lo  que va del año se han solicitado 17 intervenciones, de las cuales se han hecho efectivas ocho.
• Por la  vía judicial se han cobrado unos Q96 millones en lo que va del año.