Economía

Modernización aduanera colombiana

El pasado 7 de marzo, después de varios años de negociaciones técnicas y políticas lideradas por la Dirección de Ingresos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) y con la participación de representantes del sector público y privado de ese país, el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que da vida al nuevo Estatuto Aduanero, uno de los más modernos de Latinoamérica.

Por Álvaro Sarmiento

Coordinando la implementación de un sistema informático para la DIAN como asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 2013 al 2015 tuve la oportunidad de hacer consultas e intercambiar criterios técnicos y legales con funcionarios de la DIAN responsables del Estatuto, sobre el impacto y relación que plataformas aduaneras informáticas tendrían con la nueva Ley. Asimismo, el acercamiento con el sector empresarial del comercio exterior —transportadores, exportadores de zonas francas— que al final del día son los usuarios de estos sistemas, fue necesario en este proceso.

Colombia, al igual que Guatemala, es un país que ha apostado desde hace varios años por el comercio exterior como principal instrumento del desarrollo económico y social, esto se refleja en los acuerdos comerciales negociados y en el esfuerzo por modernizar la aduana.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) en vigencia para Guatemala y Colombia implican un verdadero “espagueti” de compromisos comerciales y aduaneros . De esta cuenta, el país andino ha procurado modernizar su gestión aduanera con un instrumento legal que contiene los siguientes componentes:

1. Estándares internacionales: el Estatuto trata de incorporar los principios contenidos, no solamente en los TLC vigentes, sino también la normativa contemplada a nivel internacional y contenida en los acuerdos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), concretamente el Acuerdo de Bali.

2. Combate al contrabando y lavado de activos. Estos dos temas son graves problemas que afectan a la economía colombiana. El año pasado se publicó una Ley Anticontrabando que permite dar “dientes” a la DIAN y a la judicatura para perseguir dicho flagelo, que suma US$6 mil millones al año.

3. La gestión de riesgo. El Estatuto incorpora uno de los principales instrumentos de la gestión aduanera, el riesgo, y las modernas técnicas que se utilizan para analizar y disminuir su impacto. La inteligencia y procesos aduaneros se fundamentan en el criterio de CONFIANZA generada por el operador del comercio internacional. La figura del Operador Económico Autorizado —OEA— y del importador / exportador de confianza se incorpora a la nueva normativa.

4. Modernización tecnológica: se incorporan nuevos procedimientos automatizados que van a requerir plataformas informáticas bastante robustas, así como tecnologías para revisiones no intrusivas (Rayos X, Gama, etc.), que permitan un actuar mucho más efectivo y eficiente al control aduanero.

5. Logística y coordinación de gestión. Se incluye en la nueva Ley un tema clave en la logística, la coordinación de diferentes entidades gubernamentales (agricultura, antinarcóticos, alimentos), por ejemplo, en la revisión conjunta de mercancías, un elemento fundamental en tratar de llegar a la meta de no más de 48 horas para desaduanar la mercancía una vez arribe a puerto.

Este esfuerzo conjunto del sector privado y público colombiano puede ser un buen punto de partida para las modificaciones que se piensan hacer en la reingeniería de la nueva SAT, en lo relativo al tema aduanero.

El caso guatemalteco es diferente, ya que la normatividad aduanera tiene su base en el Cauca y su reglamento —Recauca—, instrumentos centroamericanos que únicamente pueden modificarse por acuerdo de los países de la región, pero la oportunidad de una nueva legislación tributaria es oportunidad única para la reinversión aduanera de Guatemala.

Aprovecho para desear Feliz Pascua de Resurrección a todas y todos.