La Asociación de Medios de Pago de Guatemala (AMEPG) advirtió ayer de que entidades financieras podrían cancelar hasta un millón de plásticos a por lo menos 500 mil usuarios de tarjetas de crédito.

La entidad, que agrupa a quince emisores de tarjetas, aseguró que la ley que aprobó el Congreso no cuenta con las bases técnicas necesarias y que las enmiendas realizadas carecen de fundamento técnico.

“Al cancelarse un millón de tarjetas se reducirá el consumo anual en Q10 mil millones, lo cual disminuirá en Q1 mil 500 millones anuales los ingresos del impuesto al valor agregado (IVA) y con un consecuente impacto negativo en el impuesto sobre la renta (ISR)”, afirmó Juan Bernardo Rivera, presidente de la AEMPG.

Ignacio Lejárraga, presidente de la Cámara de Finanzas, indicó que para el fisco es importante la calidad de los recaudadores y las entidades financieras lo son. Alertó de que se podría recaudar menos si hay menos tarjetas, aunque el consumo no por fuerza disminuiría si hay menos plásticos en el mercado.

Carlos Martínez, analista independiente, señaló que los emisores han mantenido, durante años, tasas de interés elevadas, y han realizado otro tipo de cobros que han elevado las deudas de los clientes.

El analista detalla que los emisores de tarjetas nunca han estado regulados, emiten plásticos sin ninguna evaluación del crédito que otorgan a los clientes, y como son criterios poco rigurosos, le dan tarjeta a personas que desde un principio no pueden pagar la deuda que adquieren. Por ese descontrol se hicieron esas enmiendas, dijo.

Martínez cree que sí puede haber un impacto negativo en el consumo de las personas, porque algunos ya se acostumbraron a comprar con dinero plástico. Además, habría un retroceso en la bancarización de la economía del país.

Educación

Lejárraga dijo que los negocios tienen que ser buenos para las dos partes, pues mientras más educación financiera exista, habrá un resultado positivo, tanto para las entidades financieras como para los tarjetahabientes.