El amparo promovido por esas empresas suspendía las acciones administrativas y de fiscalización de la SAT en rampas operadas por ellos dentro de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Según el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, esas empresas tienen un usufructo firmado por el cual están facultadas para la operación de rampas de inspección dentro de EPQ y que han visto afectados sus intereses por la fiscalización que realiza la SAT.
“Ahora toca esperar la resolución final del amparo, pero vamos a estar atentos del actuar y de las otras posibles acciones que se vengan, estas entidades han entorpecido la labor de la SAT en fiscalización y control en los puertos”, dijo Foppa.
El superintendente en su cuenta de tuiter notificó de la resolución y connotaba con emoticones de la red social que la resolución del tribunal de amparo era un golpe a las mafias.
“En la forma en que han venido operando algunas de ellas, consideramos que hay mafias detrás de estas acciones y personas que quieren entorpecer la labor de la SAT”, aseveró Solórzano Foppa.
Piden antejuicio
El superintendente aseguró que la empresa Fénix Cargo ha promovido otras acciones legales que han llegado hasta los más altos tribunales, y comentó que días atrás la SAT ganó la batalla en otro amparo que la empresa interpuso.
Derivado de esas acciones promovidas por Fénix Cargo, la SAT interpuso un antejuicio contra un juez de instancia de Escuintla por supuestamente haber planteado un amparo ilegal a favor de la empresa.
La Corte Suprema de Justicia conoció el antejuicio y designó a un juez pesquisidor para que investigue sobre el caso y el juzgador podría enfrentar a la justicia por presuntamente favorecer a la empresa.
La SAT seguirá imponiendo la ley y velando porque se cumpla el Código Aduanero Unificado y la Ley de Aduanas, concluyó el superintendente.
