“No solo a la cadena de comercialización de la telefonía debiera controlar, sino también a otros productos”, añadió.

El mismo criterio planteó Juan Alberto González, economista independiente, quien asegura que existe una evasión significativa en la economía informal y que por medio de estos controles se pueden cobrar impuestos.

“Existe una intensa venta de recargas de tiempo de aire en servicio de telefonía y los expendedores no extienden factura. Igual ocurre con otros sectores”, dijo.

Ricardo Flores, experto en telecomunicaciones, opina que los controles de fiscalización responden a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender en forma temporal la vigencia del cobro de un impuesto de Q5 a las telefonías celular y fija. “Considero que era más razonable hacer una fiscalización al sector y no incluir un nuevo impuesto en el sistema tributario”, subrayó.

Omar Franco, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),  explicó que, en enero, el fisco no logró captar Q120 millones que provendrían de la cobranza de Q5 a la telefonía.

Flores recordó que el origen de las recargas se remonta a hace 15 años, con las tarjetas con códigos a sistemas de recarga. En muchos casos, los distribuidores no  entregan factura.

Representantes de la Gremial de Telecomunicaciones afirmaron que el problema ocurre  en la economía informal, porque los negocios no  entregan  factura y como resultado no se capta el IVA que corresponde pagar a los distribuidores.

EN CIFRAS

412 empresas que surten servicios serán auditadas.