La reanudación del servicio de Uber fue posible después de que el Tribunal de Apelaciones dejara sin efecto la decisión del pasado viernes del Tribunal de Primera Instancia de San Juan de suspender la actividad en la isla de la compañía estadounidense.

Uber anunció el pasado fin de semana que recurriría la orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que ordenó el cese temporal de la actividad de la compañía estadounidense en Puerto Rico, tal y como había solicitado la Comisión de Servicio Público (CSP).

Uber y la CSP se cruzaron demandas, con una primera por parte de la compañía en la que mantenía que esa agencia gubernamental carece de jurisdicción para regular su actividad, algo que la empresa estadounidense apunta corresponde al DTOP.

La CSP, por su parte, presentó otra demanda en la que se pedía el cese de operaciones de Uber, al entender que empezó a operar sin someterse a su supervisión, ya que la actividad que ejerce debería quedar bajo su control.
La empresa inició sus operaciones en la isla sin que exista reglamento oficial para compañías como Uber o su competidora Lyft.

“Como es del conocimiento de todos, el día viernes recibimos un permiso provisional del DTOP, que fue presentado al tribunal que levantó la orden de cese de nuestras operaciones”, puntualizó.

Robinson indica en el comunicado que durante los días de cese más de 25.000 usuarios no tuvieron acceso a la plataforma, lo que según cálculos de la compañía supuso unas pérdidas económicas para sus socios conductores de US$120 mil aproximadamente.

“La decisión de continuar con las operaciones respalda la voluntad de más de 90 mil personas que han firmado la petición, así como defiende el derecho a elegir de nuestros usuarios y el derecho a la libre iniciativa empresarial de nuestros socios conductores”, subrayó.

Robinson adelantó que seguirán defendiendo el caso ante los tribunales y trabajando con el DTOP para operara de forma permanente en Puerto Rico.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de San Juan deja sin efecto una orden emitida el pasado viernes por la jueza Rebeca de León contra la actividad de la compañía en la isla caribeña.