Voz Comercial

Rigidez amarra el 90% del gasto público

La ejecución del presupuesto está comprometida en 90% por destino constitucional,  leyes, pago de deuda y los pactos colectivos, hacen que sea rígido. 

Por Urías Gamarro

La ejecución del presupuesto está comprometido en 90% por destino constitucional, y es rígido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La ejecución del presupuesto está comprometido en 90% por destino constitucional, y es rígido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Eso significa que hay gastos que ya están comprometidos previamente, antes de la aprobación presupuestaria por ley a los cuales no se les puede cambiar  destino.

En las últimas  cuatro  semanas, cuando el Ejecutivo presentó la iniciativa de Reforma Fiscal, que luego retiró, el debate se activó y diversos sectores cuestionaron  sobre la calidad del gasto y la ejecución de los recursos, así como la falta de transparencia.

“De entrada, el Gobierno no puede mover dinero y destinarlo hacia otras áreas, porque la repartición está en base a la Constitución y otras normas”, explicó David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Para poder cambiar la rigidez se tendrá que llevar a cabo un proceso de reforma a la Constitución y es algo que no cambia con respecto a los presupuestos, dijo.

Los números

En los últimos años, el peso de la rigidez va ganando espacio.

Para este ejercicio  están comprometidos  Q6 mil 615 millones como  destino constitucional, mientras que las asignaciones en cumplimiento de los Acuerdos de Paz contemplan Q33 mil 696 millones.

Por remuneraciones —pago de planilla— que incluye los compromisos asumidos por los pactos colectivos estatales de otros años,  la asignación es de Q18 mil 821 millones, que es la porción más alta de la rigidez presupuestaria.

El margen de maniobra que le queda al  Ejecutivo para destinarlo hacia otras áreas  alcanza  el 10%, en promedio, detallan las estadísticas.

Destino fijo

Del presupuesto vigente de Q70 mil 796 millones y  la recaudación que logre la Superintedencia de Administración Tributaria,  las municipalidades tienen un ingreso fijo del 10% como aporte constitucional.

El Ministerio de Finanzas (Minfin) informó que para este año la asignación para los 340 municipios es de Q2 mil 979.7 millones.

El indicador apenas creció 1% con respecto al 2015, cuando el monto asignado fue de Q2 mil 949 millones.

En segundo lugar se encuentra la  Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), con una asignación del 5% presupuesto que equivale a Q1 mil 489.8 millones.

En 2015, la asignación fue de Q1 mil 474.5 millones (1%).  El reporte señala que la Usac ejecutó el 93%, es decir Q1 mil 371.3 millones.

El Organismo Judicial (OJ) tiene asignado por ley el  4% del gasto total, que para este año representa Q1 mil 191.9 millones.

En 2015 ejecutó el 100%, que fue de Q1 mil 179.6 millones.

El Deporte Federado tiene una asignación del 1.50% del presupuesto, que para este año equivale a Q447 millones. El año pasado, ejecutó el 85%, con Q337 milllones.

El Deporte no Federado y Educación Física, Recreación y Deportes —administrado  por la Dirección General de Educación Física (Digef)—, tienen un aporte  de 0.75%, que para este ejercicio es de Q223.5 millones para cada institución.

En 2015 el Deporte No federado ejecutó el 56.2% de su gasto, que representa Q103.7 millones, y Digef, 70.4% o sea Q155 millones.

Por último, la Corte de Constitucionalidad recibe el 5% del OJ, que para este año es de Q59.6 millones.

Érick Coyoy, investigador de la Fundación Economía para el Desarrollo, explicó que con esta distribución de  la rigidez, “prácticamente no se puede disponer de los recursos, porque ya está comprometido el destino de los mismos”.

“En el margen de maniobra que tiene el Estado debe existir una priorización para decidir dónde están las mayores necesidades, pero solo puede contar con 10% del gasto”, aseguró.

Coyoy explicó que en la mayoría de países del mundo existe rigidez presupuestaria, pero que Guatemala es uno de los más rígidos.

“Guatemala, Costa Rica y El Salvador cuentan con un gasto rígido de la región, que incluyen remuneraciones, el pago del servicio de la deuda y los destinos específicos/transferencias sobre gasto comprometido”, detalla un informe del Minfin.

Bomba de tiempo

El investigador del Cien afirmó que  una de las preocupaciones a futuro es el incremento de las rigideces por clases pasivas, rubro que cada año va en aumento.

Casasola expuso que hay miles de personas que trabajan en el aparato estatal que se retiran e ingresan otros, por lo que el Estado debe mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones. 

“Es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar y ninguna autoridad de Gobierno permitirá que surga en su administración”, indicó.

Para evitar ese impacto social, explicó el analista, se debe revisar de fondo con estudios actuariales —disciplina que aplica modelos estadísticos y matemáticos—  que expliquen la realidad de los números de los beneficios que reciben las personas y pensionados y la contribución que aportan.

“Las cuentas no cuadran, y a medida que las personas se están retirando para jubilarse, se está generando una presión adicional a los presupuestos”, afirmó.

Un ejemplo de esta situación  es que para este año el Congreso aprobó un aumento de Q500 a los jubilados del Estado, que significó un incremento de Q300 millones adicionales.

La fuente de financiamiento para cubrir ese ajuste  provino de la colocación de bonos del Tesoro —que legalizó el Legislativo— que se traduce en un incremento de la deuda interna. 

En el proyecto de presupuesto para el siguiente año se destinarán Q900 millones para cubrir esa cuota.

Rigidez en 2017

En el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, por Q79 mil 830 millones,  la estructura de rigidiez se conservará como en otros ejercicios, según el Minfin. 

“26 de 48 instituciones tendrán igual o menor asignación que 2016 y subirán  cuotas legales”, indica el proyecto mencionado.

El proyecto del gasto destina alrededor de Q63 mil millones para gastos de funcionamiento y Q15 mil millones para inversión pública.