El racionamiento de combustible para unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) ha causado problemas a otras instituciones, por lo que representantes del Organismo Judicial, Ministerio Público, Defensoría Publica Penal, y Asociación de Abogados y Notarios de El Progreso señalaron, en conferencia de prensa, que afrontan dificultadas para el desarrollo del trabajo en la administración de justicia.
EL PROGRESO – Julio Saturnino Mejía, juez de Primera Instancia Penal de El Progreso, indicó que esa judicatura ha suspendido audiencias programadas porque la PNC dejó de trasladar a las personas que son capturadas en este departamento, y por no contar con una cárcel deben ser recluidos en prisiones de Zacapa y Jalapa.
Agregó que se entorpece el trabajo de los tribunales, ya que se vencen los plazos para que las personas que delinquen sean puestas a disposición de los jueces en el tiempo que establecen las leyes, por lo que se corre el riesgo de dejar en libertad a personas que han cometido cualquier tipo de delito.
A la queja se sumó el fiscal distrital Nery Orellana Leiva, quien indicó que las autoridades del Sistema Penitenciario trasladaron a los reos a otras cárceles desde hace dos años, sin haber informado a esa institución sobre tal medida, y que eso perjudica el trabajo del ente investigador.
El edificio de la referida cárcel fue declarado inhabitable, debido a un hundimiento causado por problemas en el alcantarillado.
El gobernador de El Progreso, Manuel Gilberto Calderón, resaltó que las quejas y peticiones serán remitidas a donde corresponde y que pedirán a las autoridades del Ministerio de Gobernación que se solucione este problema lo antes posible.
