En el marco del proceso electoral en marcha, Prensa Libre desarrolla el ciclo de "Foros Elecciones 2003", cuyo objetivo ha sido contribuir a la discusión de los principales problemas del país.

Todos los foros se organizan en coordinación con las universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín, Mariano Gálvez y San Carlos.

Estamos convencidos de que nuestra incipiente democracia sólo se podrá fortalecer en la medida en que todos participemos de una manera activa en la búsqueda de soluciones y eso principia con su discusión abierta y franca.

Fiel a sus principios de hacer valer el derecho de todos los guatemaltecos a la libre emisión del pensamiento, Prensa Libre promovió estos foros como un espacio importante para ventilar diversos puntos de vista, con el norte de lo que nos deparará el próximo período gubernamental.

Si en algo contribuimos a la discusión de nuestros problemas, a la búsqueda de soluciones y a hacer más transparente el proceso electoral, habremos cumplido nuestro propósito.

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Temas

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Foro: Sociedad exige transparencia
Académicos discuten y hacen propuestas sobre corrupción

Por: Pavel Arellano y Conié Reynoso

El primer foro "elecciones 2003" desnudó la preocupación por el alto índice de abusos y robos en la administración pública en Guatemala, por lo que se hizo énfasis en la necesidad de encontrar soluciones.

La urgencia de que el tema de transparencia sea indispensable en las discusiones de la campaña electoral y la necesidad de atacar la corrupción, que consideraron enraizada en altas esferas gubernamentales, fueron algunas de las conclusiones del foro "Transparencia y corrupción".

Cinco expertos expusieron por más de dos horas sobre el flagelo que afecta al país, durante el primero de los foros Elecciones 2003, auspiciado por las universidades San Carlos, Usac; Rafael Landívar, Francisco Marroquín, UFM, y Mariano Gálvez, así como Prensa Libre.

Uno de los principales consensos en el debate fue el hecho de que la corrupción empobrece a los pueblos, no permite un desarrollo integral y afecta seriamente a las estructuras democráticas.

En el foro celebrado en el auditorio de la Landívar, expusieron Arturo Sierra, de la Usac; Carroll Ríos de Rodríguez, directora del Centro de Análisis de la UFM; Virgilio Alvarez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; María Eugenia Morales de Sierra, coordinadora del Consejo Nacional por la Transparencia, y Helmer Velásquez, director de la Coordinadora de ONG y Cooperativas.

¿Qué es corrupción?

Cada uno expuso lo que para ellos significa la corrupción, trasladándolo al escenario guatemalteco.

"Corrupta es una cosa que se echa a perder. En Guatemala parece haberse constituido esta práctica en una cuestión pública y corriente", afirmó Alvarez.

En lo que todos los exponentes se manifestaron a favor fue en el hecho de que se inicie una lucha frontal contra la corrupción desde todos los sectores y grupos sociales.

"La corrupción es el comportamiento de servidores públicos a través del cual se enriquecen utilizando el poder que se les confía, de forma inmoral e ilegal", fue otra de las definiciones.

Alvarez destacó en su discurso que la corrupción no es un problema exclusivo de los funcionarios, sino también de quienes cierran los ojos ante el robo, en clara recriminación a la sociedad, que calla ante los múltiples abusos de los funcionarios.

Con el agua hasta el cuello

En el debate se analizaron los índices de este mal a nivel mundial y el alto lugar que ocupa Guatemala respecto de otros países.

"Vamos de mal en peor", aseveró Ríos de Rodríguez, quien informó que en 1998 el país ocupaba la casilla 59 en una lista de 85 países, y ahora estamos en la posición 81.

Sobre el índice de percepción, comentó que en 1998 era de 3.1 para Guatemala, y en 2002, 2.5, teniendo como calificación más baja el 0, lo cual demuestra que el país va de "mal en peor".

"A nuestro país sólo le gana Haití y Bangladesh", aseguró.

Los expositores coincidieron en que en Guatemala este flagelo se ha ensañado tanto en la sociedad porque los políticos prometen a sus simpatizantes una dádiva futura a cambio de votos.

"Todos los políticos son ladrones; nunca han llegado al poder para ordenar, sino para robar", fue una de las frases que resaltó.

El IGSS es un ejemplo

Debido a la coyuntura actual, los expositores no dejaron pasar la oportunidad para mencionar que el desfalco en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, es un ejemplo de la falta de transparencia en las personas que actualmente ejercen el poder.

Otro caso de corrupción en el actual gobierno es el pago a los ex patrulleros, porque busca comprar votos. "Si todos tenemos la obligación de defender a la Patria, entonces por qué pagarles", destacó Velásquez. Los panelistas hablaron de la labor del Organismo Legislativo para evitar la corrupción.

"El Congreso no debería aprobar leyes por emergencia sin que sean ampliamente conocidas por la ciudadanía", añadió Morales, refiriéndose a que el sistema legal en el país es obsoleto.

Las consecuencias

Los expositores hicieron énfasis en las consecuencias que trae al país la corrupción, siendo algunas de ellas la pérdida de credibilidad en el sistema democrático, alteración de la paz en la Nación y aumento de la pobreza.

Otro punto señalado fue la corrupción trasnacional, la cual es causada por la compañías internacionales a los funcionarios de gobiernos latinoamericanos, dejando a los pueblos sin los ingresos respectivos.

Posibles salidas

Aunque el panorama es pesimista para Guatemala, las posibles soluciones a favor de la transparencia también fueron recomendadas.

Entre los principales remedios se mencionó el castigo severo a funcionarios y personas vinculadas a hechos anómalos.

Otro de los aspectos que coadyuvaría a evitar más fuga de recursos sería la descentralización, debido a que se traslada el poder estatal al poder local, permitiendo mayor control en las distintas comunidades.

La simplificación de trámites administrativos y burocráticos, así como establecer prohibiciones constitucionales para el gasto público, fueron otras de las recomendaciones.

Asimismo, se requirió la fiscalización por parte de órganos de control, entre ellos, la sociedad civil y los partidos políticos.

Además, una reforma estructural a las leyes, para castigar a los funcionarios corruptos, específicamente la Ley de Probidad.

Sierra señaló que en Guatemala muchos actos ilegales no están comprendidos en la legislación penal; por ejemplo, el enriquecimiento ilícito.

"Debe controlarse a los funcionarios que se enriquecen en forma desmedida con relación a sus ingresos legales", manifestó.

Prensa, comprometida

El papel de los medios de comunicación en denunciar actos de corrupción fue objeto de análisis por parte de los panelistas.

"Para la Prensa, es una obligación investigar a fondo los actos de corrupción", consideró Velásquez, quien reiteró que ello obedece a la falta de fiscalización de la sociedad y de los partidos.

"Para nadie es un secreto que un pueblo informado es más difícil de engañar", comentó.

"La corrupción y transparencia deben ser temas de agenda para quienes quieran dirigir los destinos del país", puntualizó Velásquez.

Los panelistas hicieron un llamado a la sociedad a que denuncie los actos anómalos que se dan a todo nivel del Estado.

Morales expresó que la corrupción debe ser denunciada por todos los ciudadanos, porque al callarse, habrá más aumento de ésta.

El próximo foro se celebrará en la UFM, y el tema será la reactivación económica.

Ese flagelo hace más pobre a Guatemala

Carroll Ríos, directora del Centro de Análisis de las Decisiones Públicas, Universidad Francisco Marroquín.

También destacó que nuestra sociedad es más corrupta hoy que hace cinco años, y que la falta de transparencia conlleva altos costos económicos y sociales.

El más serio es la distorsión del proceso de votación, porque el Gobierno se convierte en un "dispensador de privilegios y protecciones".

Se puede combatir la corrupción estableciendo límites constitucionales al gasto público, aconsejó.

Además, se deben diseñar instituciones de tal forma que los servidores públicos no posean un desmedido poder discrecional para imponer altos costos a los ciudadanos.

"Es una violación a los derechos humanos"

María Eugenia Morales de Sierra, coordinadora del Consejo Nacional por la Transparencia y Contra la Corrupción.

Hizo énfasis en que la corrupción es una violación a los derechos humanos, porque evade los fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Destacó que las comisiones de la sociedad civil surgen cuando los entes de control no son eficaces y hay grandes niveles de corrupción.

Cree que es indispensable incorporar a la sociedad en la lucha urgente contra la corrupción y reformar el sistema legal, puesto que hay muchos actos ilícitos que no son penados por la ley.

"Parece que la corruptela no es pecado si es en secreto"

Virgilio Alvarez Aragón, analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso.

Afirmó que el problema de la corrupción en Guatemala es que la gente no denuncia. "Un corrupto pertenece a una sociedad corrupta porque la gente lo permite".

Explicó que la sociedad es capaz de enfrentarse a la corruptela si se indigna. Lo preocupante en el país es que la población se indigna, pero no la enfrenta.

En su discurso señaló que todos los guatemaltecos tienen que ser vigilantes, y buscar a fondo quiénes nos van a gobernar. "Si tenemos a un asesino confeso de presidente, qué podíamos esperar", puntualizó.

"El desafío es rescatar nuestra ética"

Helmer Velásquez, director de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas.

"La forma en que el Estado asumió el conflicto armado interno tiene causas de fondo que ahora estamos pagando", indicó Velásquez durante su exposición.

Explicó que la corrupción en el Gobierno se da de diferentes formas. El gasto inadecuado en obras que no son de calidad es una de ellas.

"Los partidos políticos adquieren clientela, no miembros, porque les ofrecen algo a cambio de votos", explicó, al exigir que el tema será prioritario en la campaña.

El aporte central de los partidos para atacar la corrupción es formar verdaderos cuadros políticos y ser transparentes en el manejo de sus fondos, concluyó.

"Atacar ese problema debe ser prioridad en agenda electoral"

Arturo Sierra, Universidad de San Carlos de Guatemala, Usac.

Aseveró que la corrupción y transparencia deben ser prioridad en la agenda de los que quieren dirigir los destinos de Guatemala, si desean hacer buen gobierno.

Señaló que la corrupción mantiene en descrédito a las instituciones públicas, afecta las estructuras democráticas y no permite el desarrollo sustentable e integral de los pueblos.

"En Guatemala, el antejuicio se ha convertido en instrumento de impunidad", dijo al referirse a los funcionarios corruptos que gozan de inmunidad y, por ello, la justicia no puede llegar hasta ellos, pese a haberse robado millones.

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Razones para la
reactivación económica
Una de ellas, encaminar el país por la senda del mundo globalizado

Por: Eduardo Smith

Con propiedad, cuatro académicos expusieron qué debería hacer el próximo gobierno para reactivar la economía guatemalteca; además, dijeron cómo puede hacerlo.

Cuatro distintos puntos de vista y un objetivo en común dejaron como resultado un mensaje claro a los próximos gobernantes: para rescatar la economía se requieren acciones concretas.

Encaminar el país por la senda del mundo globalizado, atraer la inversión, fortalecer el marco institucional y redefinir el papel del Gobierno en la economía, fueron algunas de las conclusiones más importantes del Segundo Foro Elecciones 2003, efectuado el jueves por la noche en la Universidad Francisco Marroquín.

En el debate "¿Reactivación o activación económica?", organizado por Prensa Libre y las universidades San Carlos de Guatemala, Rafael Landívar, Mariano Gálvez y Francisco Marroquín, cinco académicos nacionales trataron de "ponerse en los zapatos" del Gabinete Económico, y dieron sus soluciones.

María del Carmen Aceña, presidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Cien, fue la moderadora del foro y la responsable de asignar a los expositores un puesto en el próximo gabinete económico.

Acciones inmediatas

Manuel Ayau, miembro del consejo consultivo del Centro de Estudios Económico-Sociales, Cees, dijo que, "como ministro de Economía, tomaría decisiones radicales".

Según él, Guatemala sigue sumergida en "una economía que no es competitiva", debido a "obstáculos burocráticos que son antieconómicos". Eliminar el Impuesto Sobre la Renta, ISR, y las aduanas, son las primeras medidas que propone Ayau.

"El capital va a donde obtiene mayores ganancias, y el ISR es un impuesto a las utilidades que desalienta a las empresas", señaló.

El académico explicó que las aduanas fomentan la burocracia y la ineficiencia en las transacciones comerciales, lo cual incrementa los costes de los empresarios y los hace "menos competitivos".

El ministro de Finanzas

Hugo Beteta, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, fue el ministro de Finanzas Públicas. En su opinión, se "necesita incentivar un clima de negocios apropiado para la inversión nacional e internacional".

Dijo que desde su cartera retomaría los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y el Pacto Fiscal, para conciliar el crecimiento económico del país con la realidad social.

Sectores en decadencia

"El tema del desempleo será, sin duda, un tema clave para el próximo gobierno", dijo Aceña, quien exigió una solución al "ministro de Trabajo". Eduardo Velásquez, decano de la facultad de Economía de la Universidad de San Carlos, dijo que Guatemala está viendo cómo "muere lentamente la base agrícola, que durante muchos años sostuvo al país".

"El desempleo se convertirá en una realidad cada vez más grande, y sólo la reubicación de los trabajadores agrícolas en otras áreas es la solución", dijo Velásquez.

En este sentido, el académico puntualiza que es "vital" aprovechar oportunidades que atraigan inversión, como los planteamientos que se hacen en un tratado de libre comercio.

Para Juan González, director del Departamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mariano Gálvez, "adherirse al libre comercio no basta".

Propuso "reparar cuanto antes el déficit de la cuenta corriente", y crear políticas económicas encaminadas hacia una beneficio social sostenido. González fue el único expositor que tuvo que pasar de negociador internacional a presidente del Banco de Guatemala, y finalmente fue nombrado secretario del área social.

Un papel polémico

Los cuatro "improvisados funcionarios" reconocieron que el poder del Estado para controlar la economía debe ser casi nulo, y exigieron su injerencia en puntos específicos.

Todos coincidieron, en mayor o menor medida, en que el fortalecimiento del estado de Derecho es "fundamental".

"El Estado sólo debe velar por la vida, la seguridad y el respeto a los derechos de propiedad. Cualquier intromisión adicional crea distorsiones en el mercado, lo cual deriva en los problemas actuales que tenemos", indicó Ayau.

Agregó que sólo los individuos pueden decidir cómo asignar sus recursos, y los gobiernos nunca pueden tener toda esa información.

Por su parte, Beteta propone un papel del Estado que fomente el ahorro nacional y que cuide de las finanzas estatales.

"Con estos recursos se podrá invertir en infraestructura, capacitación de personas y el fortalecimiento de un estado de Derecho", afirmó Beteta.

Para Velásquez, el Gobierno puede participar en una reactivación económica con la construcción de infraestructura para la salud y la educación.

Primeros cien días

¿Qué necesita Guatemala en el más corto plazo?, preguntó la moderadora a sus panelistas. Los "gurús" de la economía nacional coincidieron en que se necesita "acciones, y no palabras".

"El elemento de mayor urgencia es la seguridad, y para el efecto hay que fortalecer el aparato policial, entre otros", afirmó González.

Según Velásquez, el Gobierno debe definir cuanto antes un "plan de reactivación económica", con lineamientos sociales de mediano plazo.

"El fortalecimiento del estado de Derecho, el combate a la impunidad, velar por el respeto de los contratos y fiscalizar a los funcionarios públicos debe ser la primera acción", opinó Beteta.

Ayau consideró que el deber del próximo gobierno parece más sencillo. "Sólo hay que eliminar los obstáculos a la asignación económica y los frenos a la acumulación de capital... Así empezará la solución de nuestros problemas", enfatizó.

Al final de la reunión, a nadie se le concedió la razón absoluta, pero todos los panelistas le dieron credibilidad al poder que tiene una economía cambiante, globalizada y que exige facilidad para moverse por el cauce de los requerimientos del nuevo orden mundial.

Pobreza Vrs. creación de capital

Manuel Ayau, miembro del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Económico-Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, UFM, opina que es imprescindible que el Gobierno elimine obstáculos y desincentivos burocráticos que desalientan la creación de oportunidades y alejan el capital.

Para combatir la pobreza, explica que el país tiene que mantenerse competitivo y abrir sus puertas al comercio mundial, así como favorecer el ingreso de inversiones.

También aboga por una indemnización universal a los trabajadores, para que puedan trasladarse fácilmente, en la búsqueda de su satisfacción personal.

Un país frente a un gran reto

Eduardo Velásquez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Usac, es de la opinión que el país está en un proceso de transición para dejar de depender en sus ingresos de los productos agrícolas.

Esto representaría un traslado masivo de trabajadores a otros sectores de la economía.

"Para que exista esta movilidad debe haber empresas y sectores con la capacidad para absorber a estos desempleados", dice.

Agrega que el Estado también debe jugar un papel activo para definir políticas de reactivación económica.

Preocupa la falta de crecimiento

María del Carmen Aceña, presidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Cien, y moderadora del foro, dice que de acuerdo a las estadísticas nacionales, el país ha seguido una tendencia de crecimiento económico hacia la baja.

Aceña hace énfasis en la necesidad de comenzar a modificar esta tendencia, para poder combatir la pobreza.

En su opinión, es necesaria una estrategia integral de crecimiento económico, seguridad ciudadana y desarrollo social.

"Es lamentable que el principal rubro de exportación sean guatemaltecos que se dirigen a otros países para prosperar".

El nuevo giro de la economía

Juan González, director del Departamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mariano Gálvez, UMG, afirma que "estamos en una era en que lo económico debe estar atado a las políticas sociales".

Aconseja que el próximo Gobierno retome los compromisos adquiridos en el Pacto Fiscal y hace énfasis en la necesidad del Estado en fortalecer sus finanzas.

Reconoce que el combate a la delincuencia y la salvaguardia de los derechos de propiedad deben ser rutas críticas de acción del próximo Gobierno.

González agrega que la inserción en el comercio mundial será favorable al país.

Apuesta por un Estado activo

Hugo Beteta, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, URL, cree que es favorable a un Estado que vele por la estabilidad de sus finanzas y la inversión social.

Reitera que el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate de la corrupción deben ser medidas urgentes del próximo Gobierno.

"Debe haber mecanismos que incluso combatan la desigualdad social", afirma Beteta.

Concuerda en que Guatemala debe adaptarse a la economía global pero sin descuidar los tópicos sociales que podrían convertirse en un problema más adelante.

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Urge debate sobre
justicia e inseguridad
Voluntad y educación son los componentes básicos para que disminuya la impunidad

Por: Lorena Seijo

Ante el incremento de la violencia y la impunidad, el retroceso en los derechos humanos y el debilitamiento de la PNC, se hace necesario un debate serio y profundo sobre la inseguridad ciudadana y la falta de efectividad en la aplicación de la ley.

Esta es una de las conclusiones a las que se llegó en el foro sobre Seguridad y Justicia organizado en la universidad Mariano Gálvez, cuyo objetivo fue evidenciar las deficiencias que existen en el tratamiento de estos temas y, sobre todo, aportar soluciones a los problemas.

Cuatro expertos de la sociedad civil analizaron la situación guatemalteca y atendieron las consultas de los asistentes.

Carmen María Colmenares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies); María Eugenia Solís, de la Fundación Myrna Mack; Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), y Carlos Ramiro Martínez, director del proyecto "Hacia una Política de Seguridad Ciudadana", debatieron durante hora y media y respondieron las preguntas de los asistentes.

Temas tratados

Los principales tópicos tratados en el área de seguridad son la falta de eficiencia de la Policía Nacional Civil (PNC), el aumento de la violencia y la remilitarización del país.

En materia de justicia, los platos fuertes fueron la impunidad en el país, la ineficiencia del Ministerio Público (MP) y el incremento de violaciones a los derechos humanos.

Los participantes destacaron la falta de voluntad política para solucionar los problemas de inseguridad ciudadana y la necesidad de que los partidos se comprometan a controlar la violencia electoral.

El foro se realizó con una dinámica de preguntas abiertas para los panelistas, moderados por Renzo Rosal, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

Estado de Derecho

El foro comenzó con la interrogante de si en Guatemala puede existir un estado de Derecho real.

Colmenares, de Asies, destacó: "No podrá existir un estado de Derecho sin respeto a las autoridades y las decisiones que tomen las altas instituciones".

En su opinión, el Gobierno y las instituciones son "los que tienen que dar el ejemplo y respetar los derechos humanos".

A Solís le tocó intervenir para aclarar que "el hecho de que la gente eleve los grados de exigibilidad, no significa que se eleve la inseguridad, ya que todos deberíamos ser más críticos y exigir nuestros derechos".

El papel de las organizaciones de derechos humanos fue comentado por Muralles, de Fads, para quien "todos debemos jugar un papel importante para que los derechos humanos se cumplan, y trabajar por ello".

Propuestas

No todo en el foro fueron críticas. También hubo propuestas constructivas. Martínez apuntó que lo básico para construir un sistema de seguridad es reforzar integralmente "el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y la Policía".

Solís también aportó soluciones. A su criterio, "la política de seguridad pasa por la creación de nuevas normativas procesales, la prevención del delito y el control de armas y municiones".

Muralles coincidió con sus compañeros en que la reforma no puede ser micro, sino que "tiene que abarcar a todas las instituciones y construir un plan integrador".

El aporte de la ciudadanía es muy importante en las cuestiones de seguridad. Por ello, Solís enfatizó en que la población debe "informarse con profundidad y no quedarse sólo con lo que aparece en los medios".

Muralles destacó, además, la responsabilidad que tienen los gobernantes de cara a los planteamientos ciudadanos."Esperamos que el próximo gobierno recoja nuestras propuestas y tenga voluntad para solucionar la lacra de la inseguridad", opinó.

Sin justicia

La segunda parte del foro fue para debatir la problemática que afronta el sector justicia.

Solís apuntó que para entender la situación de la justicia actual es necesario conocer cómo se encontraban las instituciones durante el Estado contrainsurgente.

"Debido a que todas estas instituciones son nuevas, afrontan graves problemas de coordinación y falta de respeto a la población", comentó Solís.

A esto debería añadirse la evidente falta de acceso a la justicia de gran parte de la población.

Al respecto, Colmenares aseguró: "Existe un montón de acuerdos y tratados firmados por Guatemala que garantizan el respeto a la multiculturalidad, pero no se aplican".

Solicitó que "se modifique el sistema de justicia, para que la mitad de la población, los indígenas, tengan acceso a ella".

Turno de preguntas

Poco antes de que concluyera el evento se entró en la fase de preguntas y respuestas, en la cual los asistentes hicieron todo tipo de interrogantes.
La pregunta del millón fue dirigida a Ramiro Martínez: "¿Cómo construir una sociedad no corrupta?".

Martínez respondió: "La corrupción está enraizada en todas las instituciones del país. Lo que hace falta es que el comportamiento honorable tenga un reconocimiento en el trabajo y en la propia familia".

Muralles respondió a las cuestiones sobre los centros de detención preventiva. "El primer fallo en el sistema penitenciario es que no es un sistema, no hay coordinación entre los grupos de cárceles, que ni sirven para mantener encerrados a los reos, ni para reeducarlos", dijo.

Debido a la falta de credibilidad de la justicia, muchos podrían decidir tomarla por mano propia, apuntó un estudiante.

Solís respondió: "Los linchamientos son multicausales y el 80 por ciento de ellos está planificado".

También apuntó: "En ellos han participado patrulleros o comisionados militares".

En cuanto a la remilitarización, cuestión a la que respondieron todos los panelistas, las propuestas se concretaron en que aumenten los controles internos en el Ejército.

Del mismo modo, se propuso que se excluya de cargos públicos y las fuerzas armadas a cualquiera que haya cometido violaciones de los derechos humanos y se investigue y procese a los culpables que siguen impunes.

Solís enfatizó: "Llevamos más de una década haciendo propuestas para que la aplicación de la ley sea efectiva, pero hace falta una depuración de sus miembros y que los operadores de justicia estén calificados y concienciados sobre lo que supone impartir justicia".

Otra de las propuestas para solventar la saturación de los juzgados es plantear la desjudicialización de los conflictos, "de forma que, apoyándonos en las costumbres de los pueblos indígenas, se resuelvan con la negociación y no por medio de abogados".

Finalmente, Muralles apuntó que es necesaria la instalación del consejo asesor de seguridad y que la sociedad civil audite las actuaciones del Gobierno, el Ejército, el MP y la PNC.

La sociedad civil propone

Eleonora Muralles destaca el gran número de propuestas que surgen de la sociedad civil.

La representante de FADS se afanó en destacar que todas las organizaciones que trabajan temas de seguridad y justicia en Guatemala "tienen valiosas propuestas que el Gobierno podría asumir como propias, con un poco de voluntad".

Estas en algunos casos se han plasmado en proyectos de ley que han sido paralizados en el Congreso o en documentos que han quedado almacenados en las gavetas de los ministerios. "Los gobernantes aducen falta de presupuesto, pero muchas reformas pueden realizarse sólo queriendo hacerlo", dijo.

Evaluar el concepto de ciudadano

María Eugenia Solís considera que todo el trabajo debe empezar en el hogar.

En su opinión, no aprenderemos a valorar la libertad de expresión y afrontar nuestros deberes como ciudadanos, si esto no se da antes en el hogar.

"Tanto en la casa como en la escuela deben trabajarse los conceptos de autoestima y de respeto a uno mismo y al otro", comentó.

Para Solís, los jóvenes deben ser tratados como entes pensante y ciudadanos que tendrán parte de responsabilidad en el rumbo del país.

Los derechos humanos se maman

Carmen María Colmenares insistió en la importancia del concepto de los derechos humanos.

Para ella, es imprescindible que se amplíe por medio de la educación la cultura de derechos humanos, a fin de que "entendamos que los derechos humanos es cosa de todos, y que hay que empezar por respetarlos uno mismo".

Colmenares destacó la importancia del Procurador en la materia, sobre todo cuando Minugua abandone el país.

También insistió en que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso debe ser operativa, y que el país tiene que poner en práctica los tratados internacionales firmados.

Los dramas del momento

Renzo Rosal introdujo el foro destacando las problemáticas que se viven en el país.

El representante de la Universidad Rafael Landívar fue moderador del foro. Inició su discurso con la problemática que Guatemala afronta en estos momentos.

Destacó la descarada impunidad en que vive el crimen organizado y los grupos paralelos y el incremento diario de la violencia.

Al mismo tiempo, comentó la frustración de la población de no ser atendida por la Policía, única institución autorizada para velar por su protección.

Sin justicia no hay seguridad

Carlos Ramiro Martínez, director del proyecto Hacia una Política de Seguridad Ciudadana.

Destacó que es imposible tener seguridad en el país y que la población no confía en su justicia, porque no es eficaz. Según Martínez, la reforma debe producirse en todos los niveles, y que el Ministerio Público y los operadores de justicia deben ser los primeros en dar el ejemplo.

La población se sentirá más segura cuando la Policía detenga a los delincuentes, y éstos sean juzgados correctamente, y cuando los autores intelectuales y los grupos paralelos no sigan actuando con impunidad.

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Urgen estrategias
de desarrollo humano
Foro Sobre Inversión Social: "La desigualdad y la pobreza son tareas pendientes que debieron resolverse hace 20 años"; cuatro expositores plantearon sus propuestas para superar ese rezago, que tiene a más de la mitad de la población sobreviviendo en condiciones difíciles.

Por : Jennifer Paredes

Un ejemplo de esa situación es Juana Santos, madre soltera de dos menores y cabeza de uno de los miles de hogares que viven bajo la línea de la pobreza en el país. No tiene acceso a agua potable, gana menos del salario mínimo como trabajadora informal y no cree que su situación cambie con la llegada de un nuevo gobierno.

Para argumentar que ese ejemplo no es el único, el segundo informe regional sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Guatemala dice que el 56.2 por ciento de la población guatemalteca vive en condiciones similares a las de Santos.

En el contexto electoral, en busca de propuestas que contribuyan a generar debate respecto de ese tema, se efectuó el Quinto Foro Elecciones 2003, con el título "Estrategias para la inversión social".

La actividad fue organizada por las universidades Francisco Marroquín, Mariano Gálvez, Rafael Landívar y San Carlos (Usac), así como por Prensa Libre.

Cuatro expertos fueron convocados para proponer ideas de cómo reducir los índices de pobreza y desigualdad, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Usac.

Luis Leal, rector de la Usac, afirmó que cualquier fiesta cívica es buena, pero si no está acompañada de un debate serio acerca de la realidad nacional, las elecciones se tornan en pura mecánica.

Acuerdo político

El primero en plantear sus inquietudes fue Juan Alberto Fuentes Knight, coordinador del informe nacional de desarrollo humano del PNUD.

Consideró que el país necesita un acuerdo político amplio que conlleve algunos compromisos básicos.

Entre ellos, que se deben aprovechar los logros que se han alcanzado, reasignar el gasto público y aumentar los ingresos del Estado para financiar los programas de desarrollo humano.

Para el experto, acuerdos como el Pacto Fiscal, la propia Constitución, algunas reformas impulsadas en el campo de la salud y la educación podrían retomarse con fuerza para que formen parte de una estrategia de combate de la pobreza.

El funcionario del PNUD también hizo énfasis en la necesidad de reducir el gasto militar.

Para agosto, el Ministerio de la Defensa ha gastado más de Q700 millones para costear los salarios de sus elementos, comida y servicios privados de educación y salud.

"Estos recursos podrían reorientarse en inversión social", agregó.

Fuentes Knight aseveró que el pacto que propone debería incluir el compromiso de alcanzar metas ya acordadas, como la Agenda del Milenio (acuerdo internacional para eliminar la pobreza y promover reformas institucionales).

"Guatemala tiene inmensos rezagos sociales; es el país de América Latina con los peores indicadores", señaló el experto.

En Guatemala, el 10 por ciento de la población más rica recibe el 40.3 por ciento de los ingresos totales del país.

Cualitativo y humano

Carolina Escobar Sarti, investigadora social, fue la segunda en tomar la palabra, y partió de la necesidad de darle a la inversión social un sentido cualitativo y humano.

"Analizar la calidad del gasto se vuelve, entonces, un imperativo, y la pregunta inicial sería: ¿Está llegando ese gasto a quien lo necesita?", cuestionó.

La expositora indicó que, definitivamente, el dinero toma otro rumbo, porque hay obstáculos enormes que deben ser superados.

Entres éstos, la aprobación por adelantado que se hará del Presupuesto 2004. "Esto limita la inversión social del primer año del próximo gobierno", consideró.

También destacó que hay muchos problemas derivados de la baja recaudación fiscal, la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la economía de sobrevivencia en la que se desenvuelve la gran mayoría de la población.

Escobar Sarti propuso seis estrategias que las agendas de los políticos deberían tomar en cuenta: Planificación en lugar de improvisación, decisión ciudadana en lugar de imposición política, presupuesto social enmarcado en ciertos parámetros y no con base en decisiones políticas, auditoría social en vez de la secretividad, descentralización para una mayor eficiencia y la inclusión real de las variables de género e interculturalidad en la política social.

Añadió que pocos serán los logros si el país continúa sin una política social nacional de desarrollo que dirija adecuadamente los recursos, en que la población defina sus necesidades.

"Si uno no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva", apuntó Escobar Sarti.

Al igual que Fuentes Knight, la experta recomendó la reducción del gasto militar y la reorientación del destino de los recursos, promoviendo la auditoría social.

Asimismo, consideró importante la descentralización, para fortalecer el poder local y evitar que los fondos sociales continúen siendo brazos políticos de poder.

"Manejan Q2,600 millones sin tener ninguna obligación de rendir cuentas. Conviene valorar si se reordenan estos fondos sociales o si desaparecen del todo", sugirió.

Escobar Sarti manifestó que es necesario darle oportunidad al municipio, a los consejos de desarrollo y a otros espacios locales de administrar su gasto social adecuadamente.

"Esto se lograría con una mayor intervención ciudadana en términos de fiscalización del uso y destino de los recursos", agregó.

Dinero, ¿de dónde?

Hay muchas cosas que deben hacerse para mejorar, pero ¿de dónde van a salir los recursos?

Ese fue el punto de partida de Hugo Maul, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), para quien la urgencia de combatir la pobreza en el país es una tarea que "debimos realizar hace 20 años".

De acuerdo con el analista, se puede hablar de planes, y señaló que en esta época hasta se ponen de moda los ofrecimientos, pero "nadie dice de dónde van a salir los fondos".

"Es más fácil ponerse de acuerdo en cómo se hace la fiesta que en cómo se va a pagar", dijo.

A su criterio, nada podrá lograrse si no se mejora el nivel de recaudación, porque "si queremos desarrollo humano, definitivamente hay que pagar por ello".

Maul insistió en indagar las razones por las que Guatemala no tiene recursos para destinarlos a inversión social: Que el Gobierno gaste mucho y mal y que no exista transparencia en el gasto son sólo parte de este problema, aseguró.

Señaló, como otra parte importante en esta complejidad, la falta de controles y transparencia en el uso de los recursos.

No obstante, de acuerdo con su análisis, el problema de fondo es "la falta de ingresos en los hogares guatemaltecos".

"Esa falta de ingresos sólo será superada en la medida en que en Guatemala se genere crecimiento económico", enfatizó.

En su análisis, resaltó que cualquier estrategia para reducir la pobreza tiene que ir acompañada de crecimiento económico para que tenga éxito.

Según Maul, hay que establecer una política que permita simultáneamente aumentar los ingresos económicos para reducir la pobreza sin causar estragos en los bolsillos de los más necesitados.

Explicó que el Gobierno no puede hacer nada solo, se necesita también de la contribución del pueblo, y en ese sentido, dejó ver que esta búsqueda de recursos necesariamente significará más impuestos en el futuro.

"Hay que saber cómo hacer las cosas; se trata de ordeñar la vaca, pero no hasta matarla", manifestó.

Partir del principio

Raúl Villatoro, de la Usac, último en hacer uso de la palabra, expresó que cualquier gobierno que quiera afrontar este tema debería comenzar por definir el concepto de estrategia.

"Estrategia es plantear el objetivo, y si nuestro punto es el ser humano, hay que partir por establecer qué clase de guatemaltecos queremos en el futuro", señaló.

"Si en 20 años queremos guatemaltecos bien nutridos, entonces deberíamos comenzar por hacer algo para que desde hoy todos los niños consuman por lo menos un vaso de leche al día", explicó.

Villatoro enfocó su propuesta en la necesidad del análisis prospectivo para definir lo que "queremos que pase", fijando metas.

Pero para concretar cualquier iniciativa, hizo énfasis en la necesidad de contar con recurso humano calificado.

Añadió que una de las causas frecuentes del fracaso de los programas de combate de la pobreza es que quedan en manos de gobiernos que no saben dirigir.

"Como desconocen la administración pública, no saben qué hacer, y terminan justificando su inoperancia diciendo que son vendedores de esperanza", señaló.

El analista recalcó la definición de los obstáculos que todavía se deben superar para echar a andar cualquier programa.

"Mientras no se definan los obstáculos para superarlos, no se podrán cumplir los ofrecimientos, y luego siempre viene el desencanto de la población", aseguró.

Leopoldo Colom Molina, representante de la Universidad Mariano Gálvez y moderador del foro, se lamentó de la falta de interés por parte de las autoridades en el tema de la pobreza.

"Gobiernos van y gobiernos vienen, pero todavía no se satisfacen las necesidades sociales de los guatemaltecos", aseguró.

Elogió las ideas planteadas por los expertos y pidió que las propuestas que se generen para mejorar el desarrollo humano sirvan de semilla para que esa necesidad social sea atendida algún día en el país.

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"Es vital lograr acuerdos". Juan Alberto Fuentes Knight, coordinador del PNUD.

"El país ha conseguido acuerdos importantes, como la misma Constitución o el Pacto Fiscal. Hay que aprovechar esos acuerdos y las acciones que han funcionado para lanzar una estrategia de desarrollo humano..."

"El fracaso del Pacto Fiscal podría decirse que es una especie de tragedia nacional, porque se había logrado unificar una propuesta con todos los sectores, y este pacto serviría para conseguir los recursos para promover la inversión social".

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"Se debe eliminar la actitud hostil". Hugo Maul, director del área económica del CIEN.

"Cuando hablamos de desarrollo humano y nos preguntamos cómo hacerlo... definitivamente hay que prepararse para pagar más impuestos.

Se necesita generar empleos, y para ello se requiere eliminar la actitud hostil hacia el sector privado; no hay que confundir a unos cuantos empresarios mafiosos con toda la estructura de la actividad empresarial.

La población está creciendo más rápido que la productividad, por lo que urge buscar un sistema impositivo que no dañe el crecimiento".

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"Eficiencia y transparencia". Carolina Escobar Sarti, investigadora social. "Es necesaria la descentralización, para una mayor eficiencia y transparencia del gasto social.

Descentralizar implica autonomía y fortalecimiento del poder local. En principio, los famosos fondos como el FIS y Fonapaz fueron creados para canalizar la inversión social en obra rápida hacia las comunidades de los departamentos. Por algún tiempo funcionaron adecuadamente, pero ahora se han convertido en brazos políticos del partido oficial, y manejan Q2,600 millones sin rendir cuentas".

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"Debemos pensar en 20 años". Raúl Villatoro, representante de la Universidad de San Carlos.

"Tenemos que definir metas; por ejemplo, establecer qué clase de guatemaltecos queremos de aquí a 20 años.

Si los queremos bien nutridos, entonces tendríamos que comenzar por buscar un mecanismo que permita dar diariamente un vaso de leche a cada niño... Esto no sólo nos ayudaría a conseguir nuestra meta de guatemaltecos mejor nutridos; también significaría el repunte de la industria lechera y la generación de empleo. Por supuesto que para conseguir estas metas se necesitaría desarrollar medidas fiscales y de reorientación del gasto público, pero, insisto, esto sólo puede planificarse a largo plazo".

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Cifras de la crisis

En Guatemala, 56.2 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza.

Las mujeres son más vulnerables a la pobreza que los hombres.

Del total de la población, 60 por ciento vive en el área rural y casi el 40 por ciento en el casco urbano.

El 10 por ciento de la población más rica recibe el 40.3 por ciento del total de ingresos del país.

La brecha entre el desarrollo económico y social es grande.

Aunque más de la mitad de la población es pobre, Guatemala es una de las naciones latinoamericanas con mayor número de helicópteros y vehículos de lujo.

El ingreso per cápita es alrededor de Q1,200 al mes.

El 78 por ciento de hombres lee y escribe. De las mujeres, el 60 por ciento.

¿Qué obstaculiza el desarrollo?

Según los expositores que participaron en el Foro Elecciones 2003:
La brecha entre desarrollo económico y social es enorme. Hay muchos pobres y pocos ricos.

La aprobación anticipada del Presupuesto 2004 limita la inversión social.
La recaudación fiscal está en crisis.

Hay corrupción y falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. La mayoría de guatemaltecos vive en la economía de sobrevivencia. No hay planificación a largo plazo, con metas y objetivos bien planteados.

¿Cómo resolver esta crisis?

Sw necesita un acuerdo político amplio, que incluya a diversos sectores sociales.

Hay que reconocer y aprovechar los avances y los recursos que se tienen.

Urgen reformas institucionales básicas en el Estado.

Es necesario reasignar el gasto público para enfocarlo en inversión social.
Se debe reducir el gasto militar.

Hay que planificar en lugar de improvisar.

La decisión ciudadana debe anteponerse a la imposición política.

El presupuesto social no debe enmarcase en políticas coyunturales o antojadizas.

Urge establecer una política que permita el crecimiento social y económico de forma paralela.

Hay que asumir el costo del desarrollo humano, aunque esto signifique tributar más.

Se debe mejorar el ingreso de los hogares guatemaltecos.

Es imprescindible una estrategia de gobierno de 20 años.

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Pueblos deben unirse y respetar sus diferencias
¿Existe marginación de los pueblos indígenas en las elecciones? y ¿qué políticas debería impulsar el próximo gobierno para apoyar la interculturalidad?, fueron interrogantes expresadas en un foro efectuado en Quetzaltenango.

Por : Lorena Seijo

La convivencia de varias comunidades étnico-culturales no es fácil. Por ello, en la Guatemala de hoy es necesario impulsar relaciones de armonía entre los pueblos maya, ladino, garífuna y xinca, con criterio de unidad nacional, pero respetando las diferencias.

Lo anterior fue expresado en el foro "Interculturalidad y política, hacia una nación para todos", efectuado el pasado jueves en el hotel Villa Real Plaza, en la ciudad de Quetzaltenango.

En el debate participaron Roberto Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos; Eulalia Camposeco, de la Universidad de San Carlos; Manuel Salazar Tezahuic, coordinador Nacional del Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación Maya-Unesco, y Estuardo Zapeta, de la Universidad Francisco Marroquín. Como moderador estuvo Alvaro Pop, del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

El foro fue organizado por Prensa Libre, en coordinación con las universidades Rafael Landívar, Mariano Gálvez, San Carlos y Francisco Marroquín.

¿Existe racismo?

Camposeco dijo que debemos reconocer que en Guatemala se margina, rechaza y discrimina a los indígenas, que son la mayoría de la población.

Zapeta señaló: "El racismo existe desde siempre, porque el Estado guatemalteco siempre ha sido monocultural".

Indicó que uno de los hechos que marca esa situación es la campenización del indígena, lo cual significa que no se le reconoce la posibilidad de superación.

Recordó que Miguel Angel Asturias en su tesis de abogado consideraba que el indio era un elemento de atraso y por eso era necesario mezclarlo con gente blanca para lograr su desarrollo.

Gutiérrez relató que en las elecciones pasadas apoyó a un comité cívico indígena en Quetzaltenango, y algunos de sus amigos le dijeron que había hecho algo incorrecto.

Posteriormente, esas mismas personas le dieron la razón cuando observaron que no había ocurrido la crisis que temían por el hecho de que hubiera un alcalde indígena en Quetzaltenango.

Agregó Gutiérrez: "El surgimiento del comité Xel-jú, que alcanzó la alcaldía, fue una muestra para indígenas y ladinos de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Aportó más confianza a los ladinos sobre la capacidad de los indígenas, y mayor autoestima de éstos sobre sus propias posibilidades".

¿Qué es interculturalidad?

En la Guatemala de hoy, existen términos que pueden confundir, por lo que Pop pidió que se explicara qué se entiende por interculturalidad.

Según Camposeco, hay que diferenciar entre multiculturalidad e interculturalidad. La primera se refiere a una sociedad donde coexisten varios grupos étnicos, en un espacio territorial como puede ser nuestro país. Sin embargo, es posible que surjan diferencias, discriminaciones y rechazos entre ellos.

Por el contrario, "interculturalidad es la búsqueda del respeto a cada comunidad étnico-cultural, así como la creación de espacios de interacción entre todos para el enriquecimiento de todos".

Salazar Tezahuic indicó: "La interculturalidad debe ser enfocada a una relación armónica entre culturas, con intercambios positivos del que los diferentes actores puedan beneficiarse".

Dijo que la interculturalidad debe tener varios componentes: la confianza, el reconocimiento mutuo, la comunicación efectiva, el diálogo y debate, el aprendizaje mutuo, la resolución pacífica de los conflictos, el intercambio, la cooperación y la convivencia.

¿Cuál democracia?

A la pregunta de que si la democracia liberal realmente permite el ejercicio de los derechos específicos de los pueblos indígenas, Zapeta apuntó que "la democracia no es un concepto indígena, aunque lo hayamos tropicalizado".

Para Zapeta, los pueblos mayas tienen una diversidad de formas de gobierno, que no necesariamente se corresponden con la democracia, aunque "la hayamos asumido y adaptado a nuestro entorno".

"Las diferencias en el sistema jurídico, de salud o educativo han sido homogeneizadas en aras de la democracia", señaló.

Políticas públicas

Pop expresó que un reciente estudio evidenció que el Estado invierte una ínfima cantidad del presupuesto nacional en instituciones y programas relacionados con indígenas.

Esa situación demostraría, añadió, el carácter discriminador del Estado y la necesidad de impulsar un nuevo tipo de políticas públicas de cara al próximo gobierno.

Salazar Tezahuic y Camposeco opinaron que para el impulso de esas políticas es necesario retomar los Acuerdos de Paz, porque estos siguen siendo una buena base para impulsar un proyecto de nación incluyente.

Camposeco apuntó: "No se puede negar que los índices más bajos de desarrollo corresponden a la población indígena, por lo que las políticas públicas deben ir dirigidas a éstos".

Pero antes de asumir propuestas concretas, según Salazar Tezahuic, tienen que cumplirse ciertos requisitos previos, como "dejar de prohibir o limitar el derecho a la cultura, la lengua y la identidad de los pueblos indígenas".

Zapeta enfatizó en la necesidad de reducir el Estado, como propuesta a los propios partidos. "El engrandecimiento que tiene que buscarse es el de la nación y generar propuestas que vayan dirigidas a ganar espacio en la comunidad local". En definitiva, es fundamental descentrar y desfolclorizar el Estado, afirmó.

Desruralizar lo rural

En cuanto a la inversión en el área rural, Gutiérrez dijo: "El desarrollo en esa área es uno de los asuntos más importantes, y debe comenzar con la desruralización, entendida como llevar los servicios básicos a la comunidad".

Gutiérrez también propuso la desaparición del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) porque no le devuelve a la población los millones que obtiene y por eso es mejor que esos fondos se queden en la comunidad.

En cuando a la educación, Salazar Tezahuic indicó que "llevamos 400 años de desadaptación". Puso el ejemplo de "un niño que ha ido construyendo su lógica en una lengua, pero llega a la escuela y le cambian la estructura, eso definitivamente perjudica al niño, y provoca que no tenga las mismas posibilidades".

Aunque el trabajo será complicado, Salazar Tezahuic consideró que "una vez tomadas las decisiones en materia curricular, incluyendo las diferentes lenguas, cada docente es libre de realizar a pequeña escala su propia reforma educativa".

En materia jurídica señaló que "con que se cumpla con el derecho a la traducción y peritaje cultural a la hora de llevar un proceso judicial estaríamos dando el primer paso".

Zapeta hizo propuestas en cinco áreas: discutir el derecho consuetudinario en el sector judicial; desarrollar la economía de mercado; impulsar una reforma educativa conforme los Acuerdos de Paz; modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para dar cabida a los comités cívicos, y no oficializar ningún idioma, porque éstos no necesitan una ley para ser hablados.

En cuanto a la participación indígena en partidos políticos, Zapeta subrayó que eso es "un show" porque debería ser por capacidad y no por cuestiones étnicas.

Insistió en que no conoce las propuestas de los partidos en materia intercultural porque sencillamente no las tienen.

Conclusiones finales

Alvaro Pop hizo una síntesis de las conclusiones que extrajo de foro: Cualquier política pública que se haga debe avanzar, nunca retroceder en los principios ya alcanzados.

Es necesario que los guatemaltecos, de todas las etnias, nos conozcamos más, incluido el conocimiento de nuestras propias diferencias y cercanías.

Rescatar una agenda nacional básica, que debería estar basada en los Acuerdos de Paz.

Reducir el poder del Estado y aumentar el de la nación.

Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Llevar un proceso de consulta a nivel nacional, con implicación de todos los grupos.

Finalmente, reconocer nuestras diferencias pero construir la nación en función de nuestras similitudes.

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Ya no existe lo homogéneo: Roberto Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos.

"Las homogeneidades ya no existen, sólo en las islas de la Polinesia", señaló a modo anecdótico, para poner en evidencia que todos los países del mundo tienen que lidiar con diferentes culturas.

Por ello, la "interculturalidad es un fenómeno social necesario, que no se puede parar". Para Gutiérrez, Quetzaltenango es un ejemplo claro de convivencia intercultural, "que se da en las escuelas, la iglesia y el trabajo".

Aunque no negó que también existe "discriminación y segregación, y que siempre hay grupos interesados en crear crispación" entre las diferentes etnias.

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Dejamos el Estado a los ladinos: Estuardo Zapeta, periodista y antropólogo, de la Universidad Francisco Marroquín.

"El Estado-nación importado a Guatemala es el hijo directo de la cultura occidental; por lo tanto, no es indígena, aunque lo hayamos adaptado a nuestro entorno", enfatizó.

"Hemos dejado el Estado a los ladinos; el poder y nosotros nos hemos quedado con la nación, como algo secundario", añadió.

Lo que ha provocado que la educación, la economía y el poder de decisión esté "entre la minoría ladina".

Para Zapeta, el "engrandecimiento de la nación, en contraposición al del Estado, sería parte de la solución".

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Síndrome Michael Jackson: Alvaro Pop, del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

Para Alvaro Pop, la "sociedad guatemalteca vive el síndrome de Michael Jackson, es decir, todo el mundo aspira a ser blanco".

Según Pop, este hecho provoca que "no se respeten una serie de valores, y que el orgullo de lo que somos no coincida con la realidad".

Para el moderador del evento, el sondeo publicado por un medio de comunicación, en que se destacaba el dato de que "el 60% de los jóvenes piensa que es más fácil conseguir trabajo siendo hombre y blanco", es una muestra clara de la falta de conexión entre la realidad y las posibilidades que ofrece el país.

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Aclarar conceptos: Eulalia Camposeco, de Fundación de Periodismo para el Desarrollo y la Universidad de San Carlos.

La interculturalidad es un concepto muy importante y poco conocido, que sobrepasa lo multicultural. Por ello, Eulalia Camposeco señaló que "la multiculturalidad es aceptar la existencia de varias culturas, en cambio la interculturalidad, es aceptar esa diversidad y convivir en paz".

Camposeco consideró que "la interculturalidad tienen que lograrla todos los guatemaltecos; no es una cuestión sólo de indígenas y únicamente se logrará con cambios estructurales de fondo".

Aunque las instituciones tienen mucho que decir al respecto, "sin la voluntad de los propios guatemaltecos y el reconocimiento mutuo no se podrá lograr".

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Respetar fuerza interior: Manuel Salazar Tezahuic, coordinador nacional del Proyecto Movilizador de Apoyo a la Educación Maya-Unesco.

Para Salazar, toda persona tiene su fuerza interna, sea de la condición que sea, pero el respeto a la identidad individual y a esa fuerza, es algo que el Estado no ha procurado.

Indicó que lo más difícil es que "el Estado deshaga toda su estructura centralista que impide que se desarrolle esa energía interna".

Puntualizó que "en Guatemala hace falta más solidaridad y cohesión social".