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Acuerdos de Paz

Gasto sin limites
Ejército continuó recibiendo transferencias

Por Martin Rodriguez

El Ejército completó el período de Alfonso Portillo con la tónica que inició: recibiendo inyecciones económicas para rebasar los Q1,400 millones de su presupuesto anual, cifra que supera la asignación durante los últimos años del conflicto armado.

La institución armada continuó ocupando el centro de la controversia, con un desgaste en la imagen del Ejecutivo. “Además de los Q950 millones que le asignó el Congreso este año, Alfonso Portillo le transfirió de otras dependencias Q452 millones más y permitió que cuidara de su agenda, hiciera labor de inteligencia y hasta tareas operativas, como repartir la galleta escolar”, recuerda Nineth Montenegro, legisladora de la ANN, quien destacó este año por su fiscalización al Ejecutivo y por revisar las transferencias presupuestarias hacia distintas dependencias.

Los acuerdos de paz aún están lejos de cumplirse.

La parlamentaria resalta que predominó la “neutralidad activa” en las filas castrenses porque defendió intereses del gobierno del FRG y calló anomalías, pese a la persistencia de la politización de los ascensos, como el de Enrique Ríos, hijo de Efraín Ríos Montt, a jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, ve que el Ejército fortaleció su resistencia a la reconversión, con una burocracia militar que aumentó con la división en ocho regiones, en vez de las zonas militares departamentales.

Ibarra también muestra su preocupación por una posible estrategia de restauración de posiciones políticas de militares retirados en partidos. “Buscan que se cambie la imagen del Ejército contrainsurgente violador de los derechos humanos por uno que sirvió a la patria, para permanecer en la impunidad”, critica Ibarra. Iduvina Hernández, del proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales especializadas en materia de Seguridad (FOSS), resume que durante este gobierno se abortó el proceso de reconversión.

“La continuación de la influencia militar prueba la incapacidad de las autoridades políticas civiles de ejercer su función”, asevera.

El FOSS propone capacitar civiles para conducir el aparato de seguridad militar y civil. También el Consejo Asesor de Seguridad, un ente integrado por representantes de la sociedad civil con funciones de asesoría en la toma de decisiones en materia de seguridad, así como ampliar las funciones del papel fiscalizador de las políticas de seguridad.

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Los retos pendientes del proceso de paz

Por Luisa F. Rodriguez

La aprobación del Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo y Descentralización, vinculados al cumplimiento de los acuerdos de paz, son de los pocos avances que se lograron en este último año de gobierno eferregista.

Según Raquel Zelaya, ex secretaria de la Paz y actual directora de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales, son “escasos los logros” porque aún se necesita que se reglamenten y se ejecuten adecuadamente en cada localidad.

Zelaya explicó que ha habido pocos avances en materia de educación, porque en la mayoría de escuelas no se proporcionó la refacción escolar y los útiles; tampoco se brindó adecuada supervisión. Los informes de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala fueron “poco alentadores”, ya que mostraron los retrocesos respecto de la seguridad y defensa de los derechos humanos en el país.

Para Zelaya, el único respiro con el que se puede terminar el año, en relación con cumplimiento de los acuerdos de paz, es la esperanza de que las próximas autoridades cumplan lo que en la campaña electoral han ofrecido.

“Todos los partidos se han comprometido a darle prioridad a la agenda de la paz, y ese es un respiro que hace cuatro años no teníamos”, señaló.