Política

Estado persiste en adquisiciones sin licitación

Durante el 2015 las dependencias del Estado mantuvieron como práctica recurrente la adquisición de bienes y servicios por medio de compra directa, por Q7 mil 681 millones 155 mil 897.52, según datos del portal de Guatecompras.

Por Manuel Hernández

Este tipo de compra es legal, pero se presta para beneficiar a proveedores específicos, ya que se hace sin promover la competencia. En Otras ocasiones permite que se fraccione la adquisición de bienes y servicios para evadir también la cotización.

Dentro de la compra directa se incluyen las adquisiciones “por falta de oferentes”, por excepción y por otras formas de contratación, además de aquellas menores de Q90 mil.

El módulo de la administración central, que incluye a las dependencias del Ejecutivo, detalla que gastaron, bajo esta modalidad de compra, Q3 mil 944 millones 473 mil 501.81, mientras que las entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social adjudicaron proyectos por Q1 mil 912 millones 371 mil 894.57. Los gobiernos locales —municipalidades— erogaron Q1 mil 824 millones 310 mil 501.14.

En el Ejecutivo, el Ministerio del Interior adjudicó 24 mil 748 concursos por Q773.1 millones, la mayoría a través de casos de excepción.

El Tribunal Supremo Electoral ocupa el segundo lugar, con mil 865 contratos por Q706.8 millones en bienes y servicios que se utilizaron durante el proceso eleccionario; la adquisición de medicamentos para abastecer los hospitales públicos se hizo por compra directa y se gastaron Q485 millones.

Educación erogó, bajo esta modalidad, Q301 millones, en los que se incluye la adquisición de dos mil mochilas escolares, contrato que fue rescindido por incumplimiento en la entrega de estas y está en investigación en el Ministerio Público.

A manos llenas

Las entidades descentralizadas y autónomas no se quedan atrás. Guatecompras reporta que el Seguro Social hizo una compra directa cada 20 minutos. Durante este año, esa institución adjudicó 33 mil 53 concursos por Q1 mil 72 millones, lo que la convierte en la que más adquiere bienes y servicios con esta modalidad.

En segundo lugar se ubica el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), con Q126.1 millones.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) ocupa el tercer lugar, con tres mil 316 concursos otorgados, por Q112.8 millones.

La Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza al Estado, también utilizó esta modalidad al otorgar dos mil 528 eventos por Q33.4 millones.

De las municipalidades que adquieren bienes y servicios por compra directa, la capitalina ocupa el primer lugar de la lista, con dos mil 590 concursos, por Q99.5 millones. La comuna de Mixco adquirió Q33.6 millones y la e Puerto Barrios adjudicó Q31.5 millones.





Los favoritos

En las adjudicaciones que hacen las dependencias del Estado son beneficiados algunos proveedores. La empresa Importaciones y Distribuciones Comerciales, S.A. obtuvo un contrato por Q74.8 millones, que era para dotar de dos millones de mochilas a los estudiantes de primaria. Otras firmas que más han vendido al Estado son las farmacéuticas.

Las droguerías son las más beneficiadas por el Seguro Social. Doce empresas de estas le han vendido Q384.2 millones. Aquí las firmas J.I.Cohen y Agefinsa son las mayores proveedoras, con un total, entre ambas, de Q163.6 millones.

Empresas que fueron relacionadas con Gustavo Alejos —ligado a proceso por asociación ilícita, tráfico de influencia y cohecho activo en sus negocios con el Estado—, como Sabiapharma y Droguería Colón, S.A., obtuvieron 523 contratos por Q37.4 millones.

Discrecionalidad

Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó que la utilización de la compra directa se da por tres razones: agilidad, para favorecer a proveedores o por ser el único en el mercado.

“Es una forma habitual de las instituciones adquirir bienes y servicios. El abuso de las compras directas es principalmente por buscar la agilidad en la adquisición de bienes o para favorecer a ciertos proveedores; la desventaja es que se incurre en ilegalidades”, dijo Flores.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, afirmó que el resultado del abuso de la compra directa es el fraccionamiento.

La clave en este tema es que con las reformas a la Ley ya se tipifica de mejor manera esa práctica, que afecta las finanzas del Estado. En su opinión, la Contraloría debe fiscalizar mejor las compras.

“El mejor ejemplo en este caso es el de Gustavo Alejos. Él, a través de una práctica ilegal, bloqueaba el contrato abierto para que las diferentes unidades compradoras del Seguro Social utilizaran la compra directa y lo beneficiaron otorgándole contratos”, aseguró el experto.